CHILE. RECHAZAR AL FASCISMO.

Invitamos a conocer los dos programas de Gobierno, en texto íntegro y original, de los sitios web oficiales de ambos candidatos a la Presidencia de la República de Chile.

De uno de ellos (ilustrativamente imposible de bajar y abrir sino sólo viable de leer “en línea”), emana no sólo el tono autoritario (evidenciando el aparataje militar y represivo que está detrás) y el desprecio hacia el cuestionamiento y la disidencia, sino además y vinculado a ello, un plan de desmonte de los órganos y mecanismo de control (entre ellos, la Contraloría General de la República e, incluso, la Magistratura subordinando a los jueces), de lo que denominan autoridad civil (es decir, ellos mismos); a la par de la acentuación de una política económica que favorece a una minoría ya privilegiada y tutela el lucro a costa del trabajo ajeno.

Revistiéndose fraudulentamente de barniz “liberal”, desnaturaliza instituciones penales y procesales logradas en siglos de humanización y lucha por el respeto de la libertad personal.

Plan político anhelo del sector más reaccionario, propio de la Italia y la Alemania de la primera mitad del pasado siglo, y cuya índole y consecuencias totalitarias se han conocido y sufrido.

Y que ha recibido el apoyo de toda la derecha y la falazmente denominada “centro” derecha, evidenciando que -en verdad- carecen de adhesión a un régimen democrático, sea en la estructura estatal, sea en las relaciones sociales.

No queda sino rechazar activamente este intento.

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL A LOS ÓRGANOS DEL PODER CONSTITUIDO SOBRE LA PRISIÓN POLÍTICA EN CHILE Y LA MILITARIZACIÓN DEL WALLMAPU

CHILE. 8 de julio de 2021.

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL A LOS ÓRGANOS DEL PODER CONSTITUIDO SOBRE LA PRISIÓN POLÍTICA EN CHILE Y LA MILITARIZACIÓN DEL WALLMAPU

Hoy abrimos este proceso constituyente con un debate de una profundidad ineludible. Hemos decidido iniciar esta discusión sobre las bases históricas de nuestra vida en común, reconociendo los sufrimientos y anhelos con los que llegamos hasta aquí, sobre la sociedad que queremos y cómo queremos construirla.

Creemos en la responsabilidad ética y política de sentar las garantías democráticas para el adecuado funcionamiento del proceso constituyente, el respeto al debido proceso, al principio de presunción de inocencia; la verdad, justicia y reparación para todas y todos quienes han sido parte de este proceso histórico. La revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado incluyendo mutilaciones, traumas oculares, apremios ilegítimos y distintos tipos de vulneraciones, que no podemos invisibilizar. Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia.

En efecto, aun hoy, a casi un año y medio de ocurridos los hechos, vemos cómo hijas e hijos de nuestros pueblos han sido sometidos a la imposición abusiva de la prisión preventiva y el nulo avance de las investigaciones, muchas veces con pruebas de dudosa calidad entregadas por sus captores, sin control jurisdiccional, lo que ha afectado profundamente el respeto por las garantías fundamentales mínimas. Hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile. La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política. La violencia que acompañó los hechos de Octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la Convención deben hacerse cargo de aquello, por eso demandamos:

a) Respecto del Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad.

b) Al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de DerechosHumanos (Boletín N°13.854-17). Así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.

c) La inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche. Que el indulto, en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche.

d) En el Proyecto de ley Boletín 13715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad.

e) Que el Ministro de Justicia y DDHH concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

f) La implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos. Nos comprometemos a crear en la Nueva Constitución los mecanismos pertinentes y necesarios para que no se vulneren nuevamente los Derechos Humanos de todas y todos los pueblos y una garantía de no repetición de los hechos.”.


CHILE. ¿CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL REALMENTE SOBERANA? PODER CONSTITUYENTE Y VOLUNTAD POPULAR

 

El pacto de cúpula de 15 de noviembre de 2019 no ha generado o creado el proceso constituyente, ni puede limitarlo o encasillarlo, sino, sólo, reconocerlo”.

 

1. Tentativa de justificar lo injustificable.

Hoy, incluso con malas artes, se intenta hacer creer que un pacto de una cúpula con acentuado descrédito político-social y enfrentada por el movimiento ciudadano, “posee facultades” para amputar la esencia de la soberanía y el poder constituyente.

Ante ello, no obstante, se constata la no subordinación de representantes sociales, ni a tal pacto cupular ni a argucias mediáticas del academicismo conceptualista servidor del sector dominante que, en rol de custodio político-constituyente del (des) orden neoliberal, pretende justificar que sólo una minoría -a la cual aquella cúpula suministra poder de veto- pueda imponer su posición.

Y que olvida -u oculta- que el proceso constituyente lo generó -a precio de sangre y sufrimiento frente a una represión brutal- el cuerpo social, y no su grupo favorecido, que sólo ha aparecido para aprovecharlo.


2. Sobre soberanía y poder constituyente.

- El proceso constituyente comenzó, y no por voluntad ni iniciativa del Ejecutivo ni de partidos políticos, de lo que dan cuenta los cientos de cabildos autoconvocados a nivel nacional, lo que finalmente el establishment ha venido a reconocer. El pacto de cúpula de 15 de noviembre de 2019 no ha generado o creado el proceso constituyente, ni puede limitarlo o encasillarlo, sino, sólo, reconocerlo (MONTEALEGRE KLENNER, 2019).

- El acto del poder constituyente originario es de naturaleza prejurídica y de carácter ontológico existencial.

- El poder constituyente es un poder soberano, el cual no está vinculado por ninguna norma jurídica previa, pudiendo libremente fijar la idea de derecho que considere adecuada en la Constitución; el poder constituyente es un poder pre-jurídico que actúa libre de toda forma y control (Sieyés).

- Puede sostenerse que la doctrina del poder constituyente es una síntesis de la doctrina roussoniana de la soberanía del pueblo y de la concepción de Montesquieu de la separación de poderes, como lo sostiene Jellinek y Zweig. Así, la Asamblea Constituyente es quien expresa la soberanía nacional y establece la Constitución. La doctrina del poder constituyente posibilita a la Asamblea ejercer un poder tal como le plazca a la nación dárselo, confiando a los representantes extraordinarios los poderes necesarios en tales ocasiones, los cuales, puestos en lugar de la nación, ejercen la potestad de establecer la Constitución.

- El "poder constituyente puede sostenerse que es la potencia originaria, extraordinaria y autónoma del cuerpo político de una sociedad que dicta las normas fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia política y jurídica, pudiendo sustentar o cancelar la Constitución en su pretensión de validez". Esta potestad es la "suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo al darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico”.

- Así, el poder constituyente, en cuanto potestad originaria, no deriva de ningún otro poder jurídico preexistente, sino que emana directamente del cuerpo político de la sociedad. El poder constituyente sería un poder pre-jurídico.

- El poder constituyente originario permanece siempre como un poder plenamente autónomo y libre para ordenar y reordenar la convivencia básica de una sociedad política a través de la Constitución Política, cuando así lo decida autónomamente el cuerpo político de la sociedad, teniendo libertad para configurar dicho ordenamiento jurídico; la única limitación está dada por la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas.

- La limitante que tiene el poder constituyente es el respeto de los derechos individuales, los que se imponen al propio poder constituyente (Sieyés).

- Sieyés afirmaba también, en diversos pasajes de su obra, el poder ilimitado y absoluto de la Nación: "Ante todo, una Nación no puede ni alienar ni prohibirse el derecho de querer; y cualquiera que sea su voluntad, no puede perder el derecho a cambiarla en el momento en que su interés lo exija".

- El acto de creación de una constitución es el resultado democrático de la voluntad jurídico-política del cuerpo político de una sociedad; de allí emana su carácter de políticamente superior.

- La concepción de poder constituyente admite únicamente al pueblo en cuanto cuerpo político de la sociedad como sujeto titular de ella.

- El poder constituyente no tiene una fundamentación jurídica; se justifica por sí mismo, su fundamentación es ontológica existencial como explícita De Vega, en cuanto que es expresión de la voluntad del pueblo. Así, existe una unidad intrínseca entre poder constituyente y poder popular, entendiendo este último como el poder que emana del cuerpo político de la sociedad, cuerpo político que tiene el derecho básico y esencial de gobernarse a sí mismo y el derecho a la plena autonomía.

- El poder constituyente originario, es un poder que reside y ejerce siempre el cuerpo político de la sociedad, siendo un derecho fundamental y humano básico la del pueblo de dotarse de una nueva Constitución, cuando considere que la existente no responde a las necesidades y aspiraciones de la sociedad política. El poder constituyente originario opera como un poder extrajurídico que no tiene como fundamento la Constitución que pretende reemplazar.

Lo anterior, en “CONSIDERACIONES SOBRE PODER CONSTITUYENTE Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN EN LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA CONSTITUCIONAL”, NOGUEIRA ALCALÁ, 2009.


Chile 2019-2021. Sangre y sufrimiento de unos; provecho y transformismo de otros. Desajuste esencial en proceso constituyente.

 

* Las seductoras consignas o fórmulas de atracción electorera del “nuevo trato”, “nuevo consenso”, “nuevo pacto social”, “nueva conciliación”, olvidan u ocultan que en Chile no ha existido auténtico trato, consenso o pacto colectivo, sino engaño cupular para sostener un régimen de explotación humana, de lucro de unos pocos a costa de otros.

Revisando sus propuestas, se concluye que se procurará conservar, bajo otras apariencias o formas jurídicas (es la tarea de sus operadores y especialistas), la misma relación de poder imperante, al no tocar medularmente el sistema económico y laboral.


* ¿Puede esperarse auténtica voluntad de cambio de aquellos que en los hechos y en su comportamiento vinculado al poder, durante décadas han asentado el mismo régimen?

¿Que, hace pocos meses, han urdido y/o justificado el poder de veto suministrado por la cúpula partidaria (gracias a cuyo cobijo y financiamiento ahora postulan) a sólo un tercio de los próximos miembros convencionales constituyentes; es decir, que se aprobará -como proyecto constitucional- sólo lo que desee esa minoría, de accesible control por el gran capital?


* Al tongo resultante del pacto de cúpulas partidarias (de noviembre de 2019, luego articulado legislativamente), que regala el poder de control constituyente -poder de veto- a sólo un tercio de la futura Convención Constituyente, porcentaje de votos obtenible por el gran capital, debe añadirse otro grave desajuste: las ínfimas posibilidades de comunicación del mensaje y la casi nula cobertura publicitario-electoral de candidaturas verdaderamente independientes, encarnadas por dirigentes sociales y comunitarios; carentes de financiamiento y cobertura mediática, sus posibilidades son mínimas.

Esto último, frente al ilimitado financiamiento y arrolladora publicidad controlada por los mismos partidos que han urdido normativamente el funcionamiento de un régimen de explotación y lucro a costa ajena, sea que sus candidatos aparezcan en la papeletea de voto como “militantes” de esos partidos o como “independientes”, careta falaz toda vez que tales candidatos/as actúan al alero y vinculados a esos partidos, los cuales jamás habrían aceptado cobijar electoralmente y financiar a quienes no traduzcan posteriormente -en su actividad constituyente- sus concepciones político-económicas y los compromisos empresariales.


* Se constata doble cara al revisar cómo en su labor parlamentaria han votado tales partidos y padrinos políticos, por ejemplo en la regulación del vínculo laboral-dependiente, respecto de proyectos legiferantes que fortalecen el desajuste estructural de dicho nexo favoreciendo a la parte más poderosa, y acentuando la reducción de la persona -en su rol de trabajador- a utensilio para el lucro ajeno.

Pretendidos independientes vinculados a la Concertación y con rol en asentar el régimen de explotación en Chile, haya sido normativa o mediáticamente, haya sido aplicando la imprescindible cosmética académico-cultural en la formación universitaria y en la vida nacional, que ha servido para legitimar o disimular el estructural desajuste económico-social.

Respecto de estos “independientes” (pero ahora con entrada y financiamiento partidario), recuérdese que “los favores hay que pagarlos”, sobre todo en política.

¿Autenticidad y legitimidad del proceso constituyente en Chile? Millonario financiamiento empresarial a candidatos vinculados a dichos intereses

 

Indagaciones de Fundación SOL sobre el financiamiento, en estos meses de 2021, de poderosas familias empresariales a candidatos a integrar la Convención Constituyente, en apariencia de diversas tendencias y partidos, entregan datos que incluye parte del dinero suministrado públicamente, no contabilizándose el apoyo subrepticio u oculto.

A cinco años del destape del financiamiento irregular de la política, el panorama no cambia.

- La familia empresarial Guilisasti Gana, que controla parte del holding Viña Concha y Toro, ya suministró $15.500.000 a candidaturas entre las que aparece Pedro Cayuqueo, Sylvia Eyzaguirre, Mariana Aylwin, Jorge Correa Sutil, Antonio Walker y Juan Ossa.

- La familia Hurtado Vicuña, que controla parte del grupo empresarial Entel y Consorcio, ya entregó $55 millones a campañas políticas, tanto de convencionales como a gobernadores regionales, alcaldes y concejales, destacando como receptores beneficiarios Marcela Cubillos, Arturo Zuñiga, Felipe Alessandri y Rojo Edwards.

- Jorge Correa Sutil, candidato del partido demócrata cristiano, ya ha recibido más de $14 millones de, entre otros, Juan Sutil, Rafael Guilisasti, Jorge Burgos y Pablo Piñera.

- Familias Solari y Del Rio, controladoras del holding transnacional Falabella, han suministrado más de $165 millones a candidaturas a constituyentes, partidos como UDI, EVOPOLI, DC y RN. Entre quienes reciben aportes se incluye a Fontaine ($17,6 millones), Blumel, Fernández, Harboe y Eyzaguirre.

- Juan Sutil, líder de los grandes patronales (Confederación de la Producción y el Comercio, CPC), ha suministrado $48.500.000 a candidaturas a convencionales constituyentes, especialmente de partidos RN, Evopoli, UDI y la DC. Entre quienes reciben aportes se divisa a Fontaine, Blumel, Aylwin, Zúñiga, Cubillos y Santo Reinao.

- Grupo empresarial Ibáñez (Atkinson) aporta $237 millones para campañas constituyentes del partido republicano (ultra derecha), la UDI, RN y Evópoli, mediante 5 aportantes individuales.

- Grupo empresarial Von Appen suministra $44.750.000 a candidaturas a convencional constituyente que incluye partidos RN, UDI, EVOPOLI y DC. Entre quienes reciben aportes se localiza a René Cortázar, Marcela Cubillos, Sylvia Eyzaguirre y Luis Mayol.

- Lucy Ana Avilés, miembro de la familia propietaria de la transnacional Walmart (empresa que controla los negocios de Supermercados "Líder") aporta con $27 millones a candidaturas tales como Rojo Edwards, Carol Bown, Marcela Cubillos y Bernardo Fontaine.

- Felipe Harboe, candidato PPD, ha recibido por lo menos $2.000.000 de Carlo Solari, presidente de mega-holding transnacional Falabella.

ESTATUA DE GENERAL BAQUEDANO EN SANTIAGO DE CHILE... Y EL TRIUNFO DE LA DERROTA



 

EL TRIUNFO DE LA DERROTA

Por Miguel Vera-Cifras.

Las fuerzas policiales marchando en columnas hacia la Plaza de la Dignidad y luego ocupando el lugar para evitar que nadie más llegara hasta ahí constituye, creo, un gesto revelador. Lo cierto es que, aterrado por la posibilidad de que el pueblo derribara la vilipendiada estatua, el gobierno se apresuró en retirarla, no sin antes realizar una especie de desagravio que se pretendió marcial, pero que lejos del sonido triunfal, tuvo la letanía fúnebre de una rendición simbólica y moral. El triunfo de la derrota. Un acto que quizá tenga insospechadas y devastadoras consecuencias para la psiquis de la derecha, siempre fascinada por lo que niega del enemigo. ¿Habrá algo de eso en estas nuevas imágenes donde vemos una especie de marcha o desfile policial? Si es cierto que el vencido termina incorporando los modos del vencedor, ¿será esto un síntoma de la derrota infligida nuevamente en el corazón del fascismo instalado en Chile?, ¿están los vencedores replicando a los vencidos, tanto en la forma en que los suplantan como en la retórica que adoptan de ellos? Curioso. Me queda la sensación que sin que haya habido más que carabineros ocupando la plaza, la derrota del gobierno es aún mayor, pues queriendo copar para evitar que lleguen quienes protestan ahí, han tenido que suplantarlos en un esquizofrénico y paradojal acto de sometimiento ritual. Ocupar el espacio del estallido abre el peligro de ser, al mismo tiempo, ocupados por él. Demencia mediante, copar la plaza de la Dignidad conlleva el riesgo de estallar en ella. Ahora ya sin estatua, sin luto, sin ídolo ni becerro que adorar, el vacío sustraído al centro simbólico de la ciudad horada la mente policial y cava en ella el nicho de una pérdida, el hueco de una pesadilla, el agujero negro de una República empresarial que antes nos dominaba sin reparos, pero que hoy tirita de miedo. Sin Baquedano, algo se abrió ahí, algo quedó pendiente, como las demandas que suenan allí todos los viernes. Ahora el plinto del monumento amenaza con transformarse en volcán de postulaciones escultóricas populares, desbordando lo que pretendieron sofocar al trasladar la provocación y esconder la ofensa. Estruendosa derrota, sin duda. ¡Qué patético resultó, por eso mismo, escuchar la tísica diana sonando bajo el toque de queda en la noche que intentaron, infructuosamente, instalar la solemnidad de una despedida que, sin embargo, sólo sirvió para expandir el hedor momio y lagrimógeno de unos gladiolos con olor a muerte!”.

RIVACOBA Y EL LIBERALISMO ECONÓMICO. EL AUTODENOMINADO PARTIDO "LIBERAL” DE CHILE

Manuel de Rivacoba abordó el liberalismo económico y sus consecuencias: “desprestigiado definitivamente… tanto, que en su reviviscencia actual oculta rostro y nombre”, enmascarando su afán insaciable de explotación de los humanos bajo la ambigua expresión de economía social de mercado, y compensando la limitación o el disimulo con que ha de ejercer esa explotación sobre los propios con su extensión inmisericorde a las ingentes masas que se denominan con los apelativos del subdesarrollo o el tercer mundo, que malencubren una mentalidad, peor que racista, de total negación y menosprecio de su calidad o entidad humana. Sistema en que el individuo es un instrumento, entre tantos, para fines de índole económica.

En él, la actividad económica es la actividad por excelencia, a cuyas necesidades o conveniencias se someten los hombres.  

Para este régimen, lo libre no es el individuo sino la economía, y para su desarrollo, para su engrandecimiento, para su plenitud, igual que utiliza los objetos y las fuerzas de la naturaleza lo hace también con el hombre. Por ende, no puede sorprender que, en el libre juego de los intereses económicos, éstos, no sólo sacrifiquen las energías humanas que el trabajo representa, sino que, en algunas ocasiones, acaben sacrificando también las personas y hasta los intereses más caros y los anhelos más puros de quienes dirigen el mundo y la actividad económica e incluso los de sus propios beneficiarios; substantivada ésta e instrumentalizado el hombre, desconocida su dignidad y reducido a mera cosa, natural es que así sea 1.

Aunque en Chile partidos políticos con tal denominación tuvieron vida y trascendencia política en el siglo XIX y parte del XX, la organización actualmente así llamada posee reciente constitución orgánica y restringida cobertura electoral. En su inicio se le divisó alguna actitud crítica hacia el régimen económico neoliberal cuya médula es el lucro de unos a costa de otros, esencia contraria al acercamiento -y menos aun la concreción- de la idea de respeto tanto de la dignidad humana (fin en sí y no instrumento del interés y lucro ajeno) como de la libertad en cuanto verdadera capacidad de autodeterminación; o, en palabras básicas pero aun más claras: poseer vida propia, poder ser dueños de nuestras propias vidas, requisito esencial para una auténtica convivencia colectiva toda vez que para convivir es preciso vivir, según nos recordó el propio Manuel, allá por 1991.

No obstante, en el último tiempo la orientación de dicho partido asienta o afirma el mencionado sistema, camino político manifestado inequívocamente en su conducta legislativa. Su comportamiento reciente: o abstenerse en vez de rechazar, o aprobar proyectos del gobierno Piñera que desvirtúan el Derecho del Trabajo y acentúan el predominio de la parte empresarial respecto de la parte trabajadora, sometiendo -y precarizando- aun más a la persona de trabajador y trabajadora como utensilios para el lucro ajeno y no como sujetos de dignidad, titulares de sus vidas, fines en sí.

Botón de muestra, el diciembre de 2020 en la Cámara de Diputados se efectuaron votaciones de un variado proyecto del gobierno Piñera que, alegando hipócritamente “modernizar” la Dirección del Trabajo, en verdad le desvirtúa o resta fuerza, entre múltiples vías al encadenar la designación de su director a otros órganos (ir a votación específica). Y que empeora la regulación legal del fraude patronal conocido como "multirut" al permitir a la parte empresarial ya condenada eliminar judicialmente el precedente (ir a votación específica).

En ambas decisiones legislativas sus dos diputados, Bernales y su líder partidario Mirosevic, no votaron en contra sino se abstuvieron.

En un tercer tema, Bernales también se abstuvo pero Mirosevic derechamente votó aprobando junto al bloque Piñerista de gobierno (de confesado nexo con el capital y el dinero a costa de la explotación ajena), la instalación de mecanismos cuya regulación se orienta a desmontar la movilización de trabajadores en función de sus derechos (ir a votación específica).

Lo anterior, en beneficio de la parte más poderosa de la -de por si- ya desajustada relación jurídicolaboral.

En la realidad de la función normativa chilena, en el comportamiento de sus partícipes, este es el partido liberal.

Las recientes votaciones que enlazamos son ilustrativas en cuanto la materia que en esa instancia parlamentaria abordaron, esencial en la relación del trabajo dependiente de unos a otros, y en mecanismos de respeto a derechos esenciales dentro de tal vínculo.

Reseñamos el caso del partido liberal porque sus imágenes de relativa juventud y de promoción libertaria resultan engañosas si se cotejan con su concreta conducta.

Ello no significa sanear la imagen de otras cúpulas partidarias y parlamentarios, cuyo comportamiento hemos abordado no pocas veces en estas páginas: su presente redireccionamiento conductual -verificable en las votaciones arriba enlazadas- no logra ocultar sus cuatro años de total obsecuencia al gobierno Bachelet vulnerando gravemente derechos del propio sector social que confía en ellos (la retrógrada reforma laboral 2016, ley 20.940, fue aprobada con sus votos).

Constituyendo el ámbito laboral fiel espejo de las concepciones económicas y del respeto -o desdén- hacia la persona en su rol de trabajador que cada organización política posee, las señaladas votaciones han exhibido o revelado sus actuales conceptos y directrices.

Y de tales conceptos y directrices no pueden sustraerse, separarse o desentenderse quienes buscan o aceptan su amparo electoral.

Por lo demás, si en los últimos 30 años los intereses económicos del empresariado y del capital han direccionado la conducta de actores públicos para que entreguen barniz legal y legitimen en diversas áreas (incluida la académica y educacional) su régimen de explotación, ¿puede esperarse una conducta distinta de esas mismas personas, o de sus patrocinados, ahora, en 2021, en roles constituyentes?

 

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1 Manuel DE RIVACOBA, Discurso de ingreso en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. En Bilbao (España), el 11 de mayo de 1989. Editado en Córdoba, 1990, págs. 10, 12 y 13.