Consejo de Defensa del Estado: juego al límite de
consejeros que resguardan patrimonio fiscal.
Por Sebastián Labrín y Juan Pablo Sallaberry.
Grandes estudios de abogados,
contratos con empresas del Estado y cargos en agencias de lobby son las
actividades paralelas de algunos de los consejeros. Proyecto de ley de 2015
pide exclusividad para los miembros del consejo, quienes actualmente litigan en
causas privadas abriendo flancos de conflictos de interés.
La decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE)
de demandar a la Fundación CEMA Chile, que era presidida por Lucía Hiriart,
viuda de Augusto Pinochet, se adoptó en octubre de 2016 sin considerar el voto
de Juan Ignacio Piña, máxima autoridad del organismo que, por ley, defiende los
intereses y patrimonios fiscales.
Su vínculo con Marco Antonio Pinochet Hiriart, a
quien representó hace algunos años como abogado en el caso Riggs, fue el
argumento para inhabilitarse de esta causa.
Los conflictos de interés son un tema habitual al
interior del CDE. Aunque el presidente del consejo tiene prohibido por ley
“ejercer la profesión de abogado en la defensa de particulares en juicios”, la
norma no se aplica a los otros 10 abogados que componen el consejo. Los
profesionales están autorizados para ejercer privadamente la profesión, pueden
formar sus propios estudios jurídicos, integrar directorios de empresas y realizar
otras actividades laborales.
Las inhabilidades, en caso que se crucen los
intereses públicos y privados, quedan a discreción de cada consejero según las
normas que establece el Código de Ética del Colegio de Abogados para enfrentar
los conflictos de interés. Acceder a las actas del consejo que contienen los
registros de inhabilidades no es posible, ya que son declaradas secretas.
Un proyecto de ley que descansa en el Congreso
desde 2015 busca regularizar esta situación, al exigir la exclusividad en el trabajo
de los consejeros del CDE, bajo el argumento de que tienen una tarea de alta
responsabilidad, manejan información sensible para el Estado y gozan de altas
remuneraciones (entre $7,6 millones y $7,9 millones), equiparables a las de los
ministros de Estado. La medida es resistida al interior del consejo, donde no
quieren perder sus privilegios, en un cargo nombrado directamente por el
Presidente de la República, según trayectoria y consideraciones políticas, y
que es prácticamente inamovible (se retiran a los 75 años y sólo pueden ser
removidos con el acuerdo del Senado).
La Tercera analizó las actividades profesionales,
sociedades, patrimonios y empresas en que participan todos los miembros del
CDE. ¿El resultado? Millonarios contratos entre sus estudios de abogados y
organismos del Estado; la designación en el directorio de empresas de lobby;
participación en renombrados estudios jurídicos que mantienen litigios contra
el Fisco y asesorías a proveedores del Estado, fueron parte de los hallazgos en
varios casos.
Contratos, lobby y bufetes
“Las inhabilidades están sujetas a la corrección y
honorabilidad de cada consejero. Es el Presidente de la República el encargado
de nombrar a la gente más idónea”, señala Sergio Urrejola, ex presidente del
CDE, quien defiende que los consejeros sean abogados con activa presencia en el
foro y que puedan litigar también de manera privada. Dice que no pueden
pedirles exclusividad a abogados que “ni siquiera cuentan con oficina o baño en
el consejo”.
Pero en el céntrico edificio de Agustinas 1687 son
comentados los casos de consejeros que, a decir de los propios funcionarios,
trabajan al límite. Uno de ellos es el abogado Rodrigo Quintana (PS), quien
desde 2011 es socio del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ).
El estudio cuenta con decenas de clientes y varios
litigios vinculados al Estado. Por ejemplo, BMAJ asesoró a la empresa Mitsui
& Co en la disputa entre Anglo American y Codelco, y por la cual el Senado
pidió la intervención del CDE. En este caso, Quintana representó a Mitsui en
2012. Los casos SQM, Inverlink y La Polar formaron parte de las causas que
tramitaron, así como representan a Exeter, minera que amenaza con una
millonaria demanda al Fisco.
Además, Quintana es director de comunicación
estratégica en el holding Imaginacción, una de las principales agencias de
lobby del país, liderada por Enrique Correa. Imaginacción, por ejemplo, asesoró
a Hendaya S.A., que es investigada por la Fiscalía Oriente por obtener
licitaciones con un sobreprecio cercano a los $ 5.000 millones para el Programa
de Alimentación Escolar de la Junaeb, caso en el cual el CDE es querellante.
Hendaya también está vinculada a BMAJ. Según el portal del lobby, los abogados
Octavio Bofill e Ignacio Ried, de ese estudio, actúan como sus representantes
en las reuniones con la Junaeb.
Al respecto, Quintana respondió que “Bofill Mir
& Alvarez Jana está dividido en grupos según la materia. Yo formo parte del
equipo de litigios, en el que prácticamente no existen asuntos en los que
intervenga el CDE, salvo dos casos pro bono en materia de responsabilidad
sanitaria. En esos casos, naturalmente, me inhabilito”.
Agregó que “respecto de Imaginacción, soy miembro
del directorio de la empresa de comunicación estratégica. No puede haber ningún
tipo de conflicto de interés con el CDE, y si llegara a producirse me
inhabilitaría y me abstendría de participar”.
Y aunque dice que “en relación con Imaginacción
Comunicación Estratégica, según me ha informado la gerencia general, Hendaya no
es uno de sus clientes, por lo que no puede haber conflicto de interés”, el
dato se contradice con la declaración del gerente general de Hendaya, Alberto
Carvajal, y del abogado de la empresa, Ignacio Ried, en la comisión
investigadora de la Cámara de Diputados del 15 de junio de 2016. Ambos señalan
que contrataron la asesoría de Imaginacción en materia de comunicación
estratégica.
Clientes privados
Otro caso que también fue discutido, y en su
momento generó tensión al interior del organismo, es la situación de la
consejera Clara Szczaranski. La abogada representó, en una instancia
administrativa ante la Contraloría y otra en el área penal por un caso de
injurias, al ex oficial del Ejército Virgilio Cartoni, uno de los principales y
cuestionados proveedores de armas y pertrechos militares.
El pasado martes, la Corte Suprema ordenó el cierre
de las cuentas bancarias del ex uniformado luego de que el Banco Itaú estimara
que “podría estar vinculado a ciertos hechos ilícitos que se imputan
actualmente al ex comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba”, en
el marco del caso Milicogate, en que se habría producido un cuantioso fraude al
Fisco a través de la Ley Reservada del Cobre, caso por el que el CDE es
querellante.
Szczaranski, quien comparte su tiempo en el consejo
con su rol de decana de la Facultad de Humanidades de la U. Mayor, además creó
la empresa MPS Compliance S.A., que mantenía oficina en Rosario Norte, Las
Condes, junto al abogado Darío Calderón, amigo y asesor directo del empresario
y controlador de SQM Julio Ponce, investigado por presunto financiamiento
irregular de la política. “Me retiré de la oficina del abogado Darío Calderón
en diciembre de 2015, precisamente por la cercanía de ésta con algunos clientes
que se hicieron contraparte del consejo. De cualquier forma, en dicha oficina
sólo compartía techo y no clientes con mi ex compañero de universidad”, detalló
Szczaranski.
En cuanto al caso de Cartoni, dijo que “lo he
asesorado en la presentación de un par de informes en derecho a la Contraloría
General de la República, defendiendo la corrección y legalidad de dos procesos
licitatorios efectuados por el Ejército (…) hace ya más de un año concluí
formalmente todo vínculo respecto del señor Cartoni”.
El caso de la consejera Paulina Veloso (PS) también
es conocido en el CDE. La abogada creó el estudio jurídico Veloso, Flores y
Reyes, el cual, según Mercado Público, se adjudicó entre 2012 y 2014, por la
vía del trato directo, tres contratos con Corfo para prestar “asesorías
jurídicas” por un total de $ 81,8 millones.
Según Veloso, “en estos tres asuntos no existe
incompatibilidad alguna con la actividad en el consejo, dado que la Corfo es
una institución descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Estos organismos descentralizados, normalmente, de acuerdo a la ley orgánica
del consejo, no son defendidos en juicio por el CDE”. Esta versión no coincide
con la del presidente del organismo, Juan Ignacio Piña, quien dice que si un
consejero presta asesoría privada a un organismo del Estado, puede ser un
conflicto de funciones (ver entrevista página 4).
Aunque Piña ya no litiga y se desvinculó del
estudio jurídico que mantenía con los abogados Matías Balmaceda y Francisco
Cox, -quienes representaron a Jovino Novoa en el caso Penta-, mantiene
participación en sociedades como la que declara en la empresa Inmobiliaria e
Inversiones Alto S.A., en la cual es socio de Jorge Nazer. Esto también le
puede abrir eventuales conflictos de interés: a través de esta firma arrendó el
décimo piso de la Torre Los Andes, ubicada en Miraflores 130, Santiago, a la
Superintendencia de Servicios Sanitarios desde el 30 de julio de 2012, y por el
cual el ente público paga $ 4,5 millones mensuales. Sobre esta repartición, el
CDE debe definir si inicia o no acciones legales, luego de que una comisión
investigadora de la Cámara le enviara hace un año antecedentes con presuntos
delitos funcionarios por no ejercer sus “facultades fiscalizadoras”.
Por su parte, el consejero Daniel Martorell es
socio del estudio Waissbluth, Martorell & Arrieta. A través de esta firma
representó a Servipag y llegó a tribunales, en julio de 2012, para pedir que se
dejara sin efecto una amonestación que le aplicó la Unidad de Análisis
Financiero (UAF) tras detectar un incumplimiento en la circular n° 18, “referido
a realizar actividades de capacitación relativas al lavado de activos y
financiamiento del terrorismo sólo a quienes ejercen cargo de jefatura”.
Martorell dijo que “el procedimiento administrativo
en que presté asesoría a la empresa no tenía relación alguna, ni directa ni
indirecta, con investigaciones penales ni con la comisión de algún delito.
Siempre se mantuvo dentro del ámbito administrativo”.