QUE SE NOS DISCULPE...

Hoy, no se nos puede exigir atender aquellas voces que durante décadas se vincularon a lesivas políticas gubernamentales de educación superior (precisamente, una de las causas de la crisis social), que en alguna ocasión permitieron desalojos policiales -violentos hacia estudiantes- de sedes universitarias pacíficamente ocupadas, que refieren a Manuel de Rivacoba pero sin su obra ni posición; y que, a fines del siglo pasado, le dejaron solo, peleando en una situación de política nacional y justicia -e injusticia- por derechos humanos (evento que implicaba manifestar posición concreta respecto del enjuiciamiento y destino de Pinochet), conducta que a Manuel causó no sólo aflicción sino, además, profunda decepción.

TEMAS CONSTITUCIONALES. CONTRA LA POLÍTICA ECONÓMICA NEOCONSERVADORA, ADECUADA A UNA MINORÍA, QUE DETERMINA ÁMBITOS ESENCIALES DE LA VIDA SOCIAL.

Aprobamos que la ciudadanía mande

(y no para que otros decidan)


TEMAS CONSTITUCIONALES.

CONTRA LA POLÍTICA ECONÓMICA NEOCONSERVADORA, ADECUADA A UNA MINORÍA, QUE DETERMINA ÁMBITOS ESENCIALES DE LA VIDA SOCIAL.

1. OCASIÓN DE CAMBIO IMPULSADO POR EL PUEBLO DE CHILE Y SUS MOVILIZACIONES.

El plebiscito de este 25 de octubre, como oportunidad de avance en cambios democratizadores del Estado y la sociedad chilena, es fruto del estallido popular y su justificada indignación.

Su amañe o manipulación por la cúpula dirigente (y sus intelectuales), mediante el pacto de noviembre de 2019 y las posteriores leyes que le han regulado, conceden a una minoría el poder de veto. No podía esperarse otra conducta de aquellos que tienen mucho que perder: ¿acaso se cree que aceptarían “suicidarse” como sector favorecido o privilegiado?

Sin embargo, ello no nos inhibe de participar, conscientes de que las condiciones para el cambio son variables, que se crean día a día, que el presente y el futuro no están escritos, tal como no lo estaba la revuelta popular manifestada desde octubre del pasado año.

2. TEMA CLAVE ES LA POLÍTICA ECONÓMICA, QUE REPERCUTE EN VARIADOS ÁMBITOS ESTATALES Y SOCIALES.

La democratización de Chile pasa por abordar el cambio de la imperante política económica, el derecho de propiedad y el rol del Estado, abordando normas y órganos constitucionalmente establecidos -como gendarmes- para su custodia (entre ellos el Banco Central). Política económica ligada, ya desde la dictadura, a una concepción ideológica que, verdaderamente, ubica a los habitantes como utensilios o medios para la explotación y el lucro ajeno, en vez de entenderse y tratarse como titulares de dignidad y ciudadanía. Órganos cuyo rol e integración se exhiben, falazmente, como técnicos, neutros o independientes, pero que, en la realidad, están encadenados a intereses de grupos empresariales y encauzados en beneficio de éstos.

El desajuste valorativo estatal, impregnado por el poder económico-político (y el militar), causa y efecto -a la vez- de dicha política económica al servicio de una minoría, se constata en ámbitos esenciales abordados de tal modo a nivel constitucional que, a nivel legal ha permitido vicios y desajustes en áreas tales como la laboral, previsional, educacional y sanitaria...; y también la procesal, al someter al procedimiento como vehículo para “hacer funcionar” aquélla (reveladora es la confesión albergada en la Exposición de Motivos o Mensaje del Código procesal penal).

3. EL VERDADERO CAMBIO NO PROVENDRÁ DE AQUELLOS QUE GENERARON LA CRISIS.

Ya en instancia constituyente, el auténtico cambio no será impulsado de quienes prometen mutaciones de forma pero cuya conducta ligada a los responsables de la crisis hace divisar continuidad de fondo, articulando sus discursos según a ellos les convenga en cada momento. No puede esperarse cambio real de aquellos que, con su activa y premiada colaboración con los gobiernos concertacionistas (menos aun de la derecha confesada), sustentaron y aplicaron el régimen de discriminación económicosocial, y que mantiene al Estado para el servicio de unos pocos.

4. CUESTIONABLE PRISIÓN.

Numerosas personas que promovieron o participaron de la movilización nacional que ha repercutido en los pasos que hoy se viven, aún permanecen bajo prisión, concedida judicialmente por requerimiento del Ministerio Público, entidad que para otras acciones de igual o mayor gravedad transa -beneficiando a los hechores- operando mecanismos de justicia clasista anidados en el Código procesal penal. Debe considerarse que se imputan hechos que abordan fuerza en las cosas pero no violencia en las personas.

También debe recordarse la posición esclarecedora que sobre actividades semejantes plantearon Manuel de Rivacoba y Eduardo Novoa Monreal. Jiménez de Asúa anotó: ¿cómo es posible que actos que la sociedad loa sean condenados en nombre de esa misma sociedad?