Cargo estatal, muy
importante –y, en la práctica, vitalicio- para Javiera Blanco, formada por el
golpista Agustín Edwards en su aparato ideológico-mediático, de estigmatización
penal clasista, llamado “Paz Ciudadana”.
Prontuario alimentado
por su coparticipación en la llamada “reforma” laboral favorable al sector
patronal, y su firma (junto a Bachelet) en el decreto supremo 924, de 2015
("Justicia"), que genera favores extra-carcelarios a represores
pinochetistas, condenados por crímenes contra la Humanidad.
Como si fuese poco
lo ya evidenciado sobre otros consejeros.
Hipócrita
es la excusa de que se “inhabilitará”
en determinados casos, toda vez que habiendo sido formada y poseyendo una
concepción reaccionaria del Derecho, ésta se manifiesta en toda su
actividad forense.
No
existe aparato que pueda operar para despojarse de las cargas, opciones y
vínculos que se portan. Su sesgo reaccionario, como discípula –y agradecida- de
un golpista como Edwards, cuya actividad tanto daño ha hecho a Chile y a tantas familias, está presente en toda su
labor funcionaria.
Gobiernos que han
incrustado el cuoteo de los partidos beneficiarios del poder, el pago de
favores y la disposición para conservar el régimen, tal como sucede con
designaciones al Servicio Electoral (Servel), al Tribunal Constitucional o al
Consejo Nacional de Televisión, según lo evidencia Claudia Urquieta, en
reportaje especial.