IMPUNIDAD
PARA POLÍTICOS Y EMPRESARIOS:
Servicio
de Impuestos Internos ignora a Fiscalía y cierra sin querellas casos por
financiamiento irregular
Ante
ello, críticas meramente “diplomáticas”
y curiosa resignación de la dirección del órgano persecutor. Recordemos que las jefaturas de ambas
estructuras son designadas por el aparato político-partidario. Se añade a la titularidad exclusiva suministrada a la Fiscalía Nacional Económica, revelándose como voluntad política.
Con esto
se concreta la decisión del actual director del SII, Fernando Barraza, de
elegir la vía pecuniaria y no la penal, para sancionar y restituir los
perjuicios fiscales ocasionados por las empresas que se investigaron en el
marco de los dos casos más emblemáticos de financiamiento ilegal de la
política: Penta y SQM.
Hace dos
semanas, fiscalizadores de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio
de Impuestos Internos (SII) dieron inicio a un masivo proceso de notificación
de "actas de denuncia" a empresas que habían sido conectadas a pagos
irregulares a políticos, en las causas Penta y SQM, pero que no contaban con
querella por parte del organismo. Lo anterior se traduce en que tienen 10 días
hábiles para presentar sus descargos o allanarse al proceso de cobros de multa
por infracción tributaria.
En pocas
palabras: con esto se concreta la decisión del actual director del SII,
Fernando Barraza, de elegir la vía pecuniaria y no la penal, para sancionar y
restituir los perjuicios fiscales ocasionados por las empresas que se
investigaron en el marco de los dos casos más emblemáticos de financiamiento
ilegal de la política.
Según lo
publicado por La Tercera, entre las empresas que han recibido las llamadas "actas de denuncia" y que
deberían, en lo pronto, presentarse ante los Tribunales Tributarios Aduaneros,
se encuentran: Bci, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel,
Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, CorpBanca, Inversiones
Caburga e Inversiones Newport, entre otras.
Según
fuentes del SII, el Fisco lograría recaudar poco más de mil millones de pesos
por medio de multas que van desde el 50% hasta el 300% del perjuicio fiscal
generado por cada una de las empresas que declararon de forma maliciosamente
falsas facturas y/o boletas, incorporándolas a su contabilidad y, de esta
forma, rebajando sus bases imponibles. Sin embargo, esta operación solo abarca
los últimos cuatro años tributarios, es decir, desde el año 2012 (puesto que
ese es el plazo en que prescribe la acción pecuniaria).
Cabe
destacar que las sociedades que hoy el SII está llevando por la vía de las “actas de denuncia” están vinculadas a
pagos recibidos por personas del ámbito políticas. Por ejemplo, muchas de esas
empresas figuran en las investigaciones del Ministerio Público con aportes
realizados al ex precandidato presidencial Laurence Golborne, a cuya campaña contribuyeron,
entre otras, Ripley (Comercial Eccsa S.A.), Bci y Watt’s.
También,
Ripley rectificó un pago hecho a Asesorías Credo Ltda., una de las empresas
proveedoras en la campaña de Michelle Bachelet en 2013.
Las
sociedades Inversiones Caburga e Inversiones Newport, por su
parte, hicieron rectificaciones tributarias por pagos realizados en 2009 a
sociedades y personas ligadas a los candidatos presidenciales de ese año:
Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
CorpBanca,
en tanto, aparece en los expedientes con un pago realizado a un ex asesor del
ex alcalde Pablo Zalaquett.
La mayor
cantidad de empresas incorporadas a este procedimiento masivo del SII, sin
embargo, integran el grupo Angelini: Empresas Copec, Celulosa Arauco,
Abastible, Forestal Arauco e Inversiones Siemel. Las dos primeras
compañías hicieron pagos en 2012 por más de $ 200 millones en total a Asesorías
y Negocios, la empresa del operador PPD Giorgio Martelli y ex recaudador en la
campaña de Bachelet.
. . .
SERVICIO
DE IMPUESTOS INTERNOS:
El
instrumento para detener las investigaciones de financiamiento irregular de la
política
La
Fiscalía ha anunciado un "carpetazo"
luego de la decisión del SII de no avanzar en la persecución penal
El
Ministerio Público anunció que deberá archivar o no perseverar en causas
vinculadas al financiamiento irregular de la política. Esto, luego que el
Servicio de Impuestos Internos desistiera de querellarse. Fiscalía criticó la
exclusividad del organismo para perseguir delitos tributarios. Desde la llegada
de Fernando Barraza a la dirección del SII y de Bernardo Lara a la subdirección
jurídica, la institución ha desestimado la vía penal, priorizando el pago de
impuestos adeudados y "cuidando" a los posibles políticos
involucrados.
La
doctrina Barraza-Lara de priorizar el pago de impuestos adeudados antes que la
persecución penal, y solucionar lo más posible mediante la vía administrativa
antes que recurriendo a tribunales comunes, se ha impuesto al interior del
Servicio de Impuestos Internos (SII).
"Ante
numerosos oficios de diferentes fiscales a cargo de investigaciones que
involucran hechos constitutivos de delitos tributarios, el Ministerio Público
ha resuelto archivar o no perseverar en estas investigaciones (vinculadas al
financiamiento irregular de la política) cuando no ha obtenido respuesta del
Servicio de Impuestos Internos, SII, cada vez que frente a los mismos hechos el
Servicio ha decidido recurrir a los Tribunales Tributarios. La fiscalía ha
tomado tal decisión en el entendido de que no se ejercerá, por ahora, la acción
penal", anunció el Ministerio Público a través de un comunicado en
relación a las causas.
"La línea seguida por la fiscalía apunta a
evitar mantener vigentes investigaciones que no pueden prosperar, sin la previa
instancia del Servicio”, agregó
la fiscalía.
Por tal
razón, el Ministerio Público criticó la exclusividad del SII para perseguir
delitos tributarios: “Los delitos
relacionados con la recaudación de recursos públicos son especialmente graves,
pues atentan contra el interés de cada uno de los ciudadanos y del país en su
conjunto. En esta perspectiva es que la fiscalía no puede dejar de insistir en
que el ejercicio de la acción penal en materias de delitos tributarios,
electorales y también de colusión debiera estar en manos del Ministerio
Público, pues es el órgano constitucional autónomo que tiene la exclusividad en
la dirección de las investigaciones penales, lo que aseguraría la plena
igualdad de las personas ante la ley”.
La
determinación del SII se enmarca en la política puesta en práctica por su director
Fernando Barraza y el subdirector jurídico Bernardo Lara. Este último es conocido al interior del organismo por
priorizar el pago de los impuestos adeudados antes que perseguir
responsabilidades penales, siendo además un hombre muy cercano al oficialismo.
Lara es de la línea de resolver administrativamente todo lo que sea posible, y
así lo ha venido haciendo, evitando a los tribunales penales.
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