Manuel De Rivacoba: Invitación, sábado 21 de octubre, 40 años del secuestro y desaparición forzada de Jenny Barra Rosales.

CHILE. PROYECTO CONSTITUCIONAL DE EXTREMA DERECHA. INVITACIÓN.

El proyecto constitucional que la extrema derecha chilena ha elaborado, y que en versión tendenciosa y falaz promueve fragmentadamente en redes sociales bajo financiamiento empresarial, en verdad retrotrae o envía el condicionamiento jurídico de las relaciones sociales hacia un régimen totalizante. Que amaña groseramente la normativa jerárquica para favorecer a unos pocos, acentuando facilidades para la explotación y la desigualdad. Lo hace frente a un Gobierno que ha desvirtuado el anhelo ciudadano de cambio real y, respecto del cual, primando el acomodo de personas y grupos, y el continuismo de una política económica neoliberal y segregadora, poco o nada puede esperarse. Que no posea plena mayoría en el Órgano Legislativo no le ha privado de los instrumentos ministeriales y de potestad reglamentaria; sin embargo, cuando les ha operado (designaciones y medidas), ha sido, medularmente, para alimentar continuismo. Una de sus consecuencias ha sido defraudar al sector trabajador (dependiente e independiente), enviándole a los brazos de la seducción reaccionaria. Proyecto que, entendemos, procede sea rechazado por la ciudadanía. Ello no implica legitimar el imperante texto generado en dictadura, sino proyectar su crítica, nutriendo e interactuando con la desatendida base comunitaria. Es un necesario pendiente, social, político y jurídico. Invitamos a todo ciudadano y ciudadana a votar, en diciembre, en contra del referido engendro legiferante, engañoso, segregador y vulnerante de la dignidad personal.

EL DERECHO DEBE ASEGURAR UN GRADO APRECIABLE Y SUFICIENTE DE CONVIVENCIA

EL DERECHO DEBE ASEGURAR UN GRADO APRECIABLE Y SUFICIENTE DE CONVIVENCIA

“...el ordenamiento viene a ser algo así como el armazón del orden, y éste, una suma estructurada de relaciones de convivencia entre los hombres. Por consiguiente, aunque formalmente haya sido dado por los órganos y guardando los procedimientos preestablecidos para ello, un Derecho que no asegure un nivel apreciable y suficiente de convivencia tampoco es en la realidad Derecho.”. (RIVACOBA, “Violencia y Justicia”, 1994).

Y falla esencialmente en tal requerimiento cuando genera o sustenta las condiciones para la explotación de unos sobre otros.

DEMAGOGIA SEDUCTORA Y COSMÉTICA FORMALISTA

Promoverse electoralmente y abordar la tarea constituyente alegando demagógicamente que se trabajará “para todos”, omitiendo u ocultando el imperio de un sistema económico neoliberal que, por su propio concepto, asegura que unos se enriquezcan a costa de otros, implica necesariamente satisfacer a los poderosos, a los que poseen los medios para hacer notar y sentir sus intereses; inevitablemente significa conservar normativamente sus privilegios al mantener el sistema que les garantiza esos favores, habida cuenta de su predominio económico.

¿Puede creerse que de propia voluntad cederán, suicidándose como sector privilegiado?

¿Puede creerse que ”los de abajo” están en igual situación para hacer notar y sentir sus posiciones, más aun considerando que “los de arriba” no sólo poseen el poder mediático para publicitar a sus candidatos de confianza (cimentada en décadas de conducta obsecuente) sino, además, han impuesto el cuestionable procedimiento electoral a aplicarse y la facultad de veto en la faena constituyente que favorece infundadamente a un solo tercio?

QUE SE NOS DISCULPE...

Hoy, no se nos puede exigir atender aquellas voces que durante décadas se vincularon a lesivas políticas gubernamentales de educación superior (precisamente, una de las causas de la crisis social), que en alguna ocasión permitieron desalojos policiales -violentos hacia estudiantes- de sedes universitarias pacíficamente ocupadas, que refieren a Manuel de Rivacoba pero sin su obra ni posición; y que, a fines del siglo pasado, le dejaron solo, peleando en una situación de política nacional y justicia -e injusticia- por derechos humanos (evento que implicaba manifestar posición concreta respecto del enjuiciamiento y destino de Pinochet), conducta que a Manuel causó no sólo aflicción sino, además, profunda decepción.

Derecho y política...

“...la creación del Derecho es siempre una función política. Mas no sólo el ius dare, tiene naturaleza política; también el ius dicere, e incluso en el ius docere hay o late, insoslayablemente, una toma de posición política. La naturaleza política de la creación jurídica ha de repercutir por lógica en las actividades complementarias de aplicar el Derecho y de enseñarlo. Por la índole de éste, no existe, en cuanto le concierne, la asepsia política; y todas las actitudes que pretenden eludir este hecho, es decir, todas las actitudes que se proclaman o se sienten neutrales, o son hipócritas o son inconscientes. Y, como se comprenderá, la función política en que consiste la creación del derecho alcanza por igual o más al que aconseja que al que legisla, al asesor que al legislador.”

En RIVACOBA, “La dosimetría en la determinación legal de las penas”, 1994.

Sobre la "teoría pura" del Derecho...

“… el análisis kelseniano del aspecto lógico del Derecho es precioso, pero no resulta factible seguirle en su reducción de éste a puras formas lógicas, prescindiendo por completo de sus contenidos, que son, precisamente, los que dan existencia real o individualizan a los distintos ordenamientos. Con ello, además, se imposibilita la Ciencia del Derecho como Dogmática jurídica, esto es, como estudio, no del Derecho positivo en abstracto, sino de los Derechos positivos en concreto. Tampoco se puede compartir su radical oposición a toda consideración axiológica, pues, sin necesidad de adoptar ninguna actitud iusnaturalista, es innegable la referencia del Derecho a los valores, y esto, en un doble sentido: de algún modo, en cuanto valores últimos o fines del Derecho en general, e, inmediata y primordialmente, a los valores reales y concretos que informan cada ordenamiento en particular. Su concepción acerca de la naturaleza de la interpretación acarrea consecuencias verdaderamente graves, que se destacan al tratar la materia en el congruo lugar de este libro; y, en fin, hemos de remitirnos también a lo que decimos a propósito de la antítesis entre Derecho público y Derecho privado, etc.”.

En RIVACOBA, “El ordenamiento jurídico”, 1974.

Sobre el formalismo jurídico...

“... es oportuno llamar la atención sobre la insuficiencia, y los funestos efectos, de aquellas concepciones que consideran Derecho todo lo que, y sólo porque, tenga forma de tal, o, dicho de otra manera, que lo reducen a sus puras formas. Por su propia índole, éstas consisten en entidades ideales, y de ahí se sigue que el formalismo puede ser exacto y fecundo en un plano gnoseológico y ontológico, de máxima abstracción, para indagar las condiciones del conocimiento del Derecho y su ser en general; pero lo único que se da en o a que accede la experiencia jurídica, y que en los hechos dispone de fuerza y se impone, son los Derechos u ordenamientos espacial y temporalmente —hic et nunc— determinados, cada uno de los cuales se concreta e identifica, y se distingue de los restantes, por sus contenidos, que son, de cierto, el objeto de las correspondientes reelaboraciones dogmáticas, señalan sus limites y generan su diversidad. Esto explica la incapacidad del formalismo para comprender que los cambios políticos desde regímenes de opresión a otros de factura democrática que se llevan a cabo con arreglo a las normas establecidas no suponen alteraciones de fondo, sino que suelen impedirlas, y simplemente disimulan y aseguran la continuidad de las situaciones de predominio existentes...”.

“… Sería inagotable la tarea de repasar todas las maneras posibles de desvirtuar el Derecho, o acaso fuera más correcto decir destruirlo, aniquilarlo, privándole de los contenidos que constituyen su entidad de regulador externo de la conducta humana, mientras se conserva, no las paredes maestras, sino sus formas exteriores, para utilizar su figura, nombre y fuerza como poderosos instrumentos de imposición y dominio.”.

En RIVACOBA, “Violencia y justicia”, 1994.

Sobre la coculpabilidad penal...

Valorando su importancia, RIVACOBA refirió la coculpabilidad en varios textos; entre otros, “Elementos de Criminología” (1982), y “Función y aplicación de la pena” (1993). En esta última obra (pág. 98), plantea: “… es preceptivo descargar del juicio de reproche, al formularlo, los condicionamientos e insuficiencias sociales que lastran la personalidad y reducen su capacidad de autodeterminación, lo cual ha de repercutir en una menor desvaloración o desaprobación del delito ejecutado y, congruentemente, en una aminoración, dentro de los límites que correspondan, de la pena. Mas aclaremos que en un entendimiento correcto y cuidadoso de la culpabilidad y, por consiguiente, en una formulación adecuada y exacta del juicio de reproche, esto se debe hacer igual aun en los ordenamientos que ninguna mención contengan, explícita ni implícita, del referido concepto”.

Ir a RIVACOBA y la coculpabilidad penal

[Debemos] “…distinguir, entre cuantos se ocupan del Derecho, aquellos que llevan unas bisagras donde los hombres tienen sus riñones y están prestos a doblarse y a servir con sus conocimientos o con sus simples habilidades a cualquiera que les mande o que les pague, y los que lo estudian, lo enseñan, lo invocan o lo aplican con integridad de criterio y respeto a su genuina entidad.

Sólo estos últimos, modestos o renombrados, son auténticos juristas. Que nunca se pueda decir de ninguno de nosotros la crítica que formuló von Kirchmann en su célebre conferencia berlinesa de 1847 a los juristas romanos que con la misma tranquilidad e idéntico espíritu concienzudo comentaban la constitución despótica del Imperio que la ley de la República empapada en la doctrina de la libertad”.

[RIVACOBA, “Violencia y justicia”, 1994].

MINISTROS DE CORTE DE SANTIAGO Y ABOGADO INTEGRANTE. ABSOLUCIONES Y REBAJA DE PENAS. FAVORECIMIENTO A CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD.

“La Corte de Apelaciones de Santiago, a través del ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, la ministra Mireya López Miranda y el abogado integrante Cristián Lepin Molina, ha emitido un fallo de segunda instancia que representa en todos sus extremos la posición del pinochetismo al interior del poder judicial: son jueces nostálgicos de la dictadura cívico militar, que reivindican las violaciones de los Derechos Humanos dándole impunidad a los agentes de la DINA que cometieron secuestro, tortura, homicidio y desaparición forzada, sosteniendo que las víctimas por sus circunstancias políticas se encontraban en una situación de riesgo preexistente”,

“Hoy la Octava Sala Penal de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió dejar impunes a 17 violadores de derechos humanos, responsables de la desaparición y asesinato de 17 de nuestros familiares. Así como en dictadura, hoy nuevamente demuestran su miseria y se ponen del lado de los asesinos.”.

Rechazo a sentencia de miembros de 8° sala de Corte de Santiago.

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Cúpula de Fuerzas Armadas en Chile y gran empresariado.

La imagen -de hace unos años- no es un montaje. Muestra a poderosos empresarios recibiendo su grado militar después de un curso "express", de pocas semanas; especialmente diseñado en el Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile, para la élite empresarial chilena y sus altos colaboradores.

Anualmente, grandes empresarios y sus cercanos reciben grados de oficiales de reserva, con poderes no sólo simbólicos: son operables sobre suboficialidad y base, e incluso sobre la población civil en tiempo de “conflicto” interior.

¿Acaso puede un modesto suboficial de carrera, ya jubilado, haciendo un “curso” de 100 días, lograr el grado de Teniente?

Nexos y trato privilegiado que implican problema esencial, y de trascendencia constitucional, hasta ahora no abordado.

Imposible lograr Democracia bajo tal desajuste.

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A NUESTRAS AMIGAS Y AMIGOS SITUADOS FUERA DE CHILE...

Solicitamos un favor, a entidades y personas situadas fuera de Chile, vinculadas al Derecho, o interesadas en él (es decir, todas y todos).

Como probablemente sabrán, la represión estatal a la protesta colectiva en Chile ha generado numerosas personas muertas, parte considerable tiroteadas por agentes del Estado (y no del “orden” como expresa el Ministerio Público en sus comunicados, revelando, con tal selección semántica, su peculiar enfoque de la circunstancia).

Y que tampoco fueron “enfrentamientos”, como el cinismo uniformado de alto grado alega, con la confiada prepotencia de quienes saben que no habrá sanciones para los autores mediatos (eso requiere voluntad, de otros).

De allí, pedimos que cuando miembros de la cúpula estatal chilena, de los varios órganos de Poder, viajen al extranjero, a vuestros países, a brindar clases magistrales o participar de conferencias, congresos, jornadas, reuniones, simposios, seminarios, encuentros, etc., si ustedes tienen la oportunidad, pregúntenles por la violencia estatal-policial-militar desatada en Chile en este octubre.

Qué señales dieron a los mandos políticos, policiales y militares de los hechores directos, de que tales conductas son ilícitas, y que implican grave violación de derechos. ¿Acaso no les correspondía, ¿acaso era ajeno a sus tareas?

Qué hicieron -eficazmente- para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados (Constitución Política, art 21).

Qué hicieron -eficazmente- para reprochar, investigar y sancionar.

Porque, en verdad, su comportamiento institucional nos ha resultado decepcionante.

Tal vez preguntarles sobre esta realidad, que funcionariamente se tolera en Chile, pueda, en algo, motivarles a desempeñar sus altas funciones públicas con la decisión que necesita el combate a tan gravísimas conductas de agentes del Estado. De manifestar, desde un comienzo, desde un principio -cuando ya se divisa operando la brutalidad oficial armada- su posición requiriendo el acatamiento a la juridicidad, y el reproche a su lesión.

No han estado de manos atadas. Y, si lo estuvieran, pues entonces, ¿cómo ir al extranjero a hablar de y sobre Estado de Derecho en Chile?

Al margen del discurso, no hay voluntad de investigarles seriamente; menos de castigar debidamente a sus autores.

Acá, en Chile, es muy improbable que se les emplace. Estudiantes de Derecho y abogados no querrán “enemistarse” con ellos, o “caerles mal”, comprometiendo sus carreras y casos judiciales ante los propios juzgadores.

Ojalá quienes visitan esta página puedan observar los registros audiovisuales siguientes, ilustrativos de lo ocurrido entre el viernes 18 y el viernes 25 de octubre de 2019, incluso en horas sin regir el toque de queda decretado.

Valparaíso, sábado 19 de octubre, pasadas las 22 hrs.: https://www.facebook.com/jorge.sharp.fajardo/videos/10219046900415993/

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https://www.facebook.com/100009626988728/videos/2357875811209962/

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https://www.facebook.com/100009626988728/videos/2357875881209955/

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https://www.facebook.com/100009626988728/videos/2357875964543280/

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Valparaíso: https://twitter.com/i/status/1187746023449468929

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San Antonio: https://www.facebook.com/100009626988728/videos/2357868904543986/

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Santiago. Estación de Metro: https://www.facebook.com/100009626988728/videos/2357880964542780/

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Santiago. Incendio de estación de Metro: https://www.youtube.com/watch?v=fzUK0wCXDPw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3CUDoG8kRI5btzl_3O4Av5ZuNXzZ3MlnjHTEZ79Wlea1qhcpLe2K7uxLc

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Santiago. Civiles armados (Ejército): https://www.facebook.com/100009626988728/videos/2357878044543072/

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Santiago: https://www.facebook.com/100009626988728/videos/2357871607877049/

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https://www.facebook.com/100009626988728/videos/2357870171210526/

Al Presidente de la Corte Suprema de Chile.

Un Derecho que no asegure un nivel apreciable y suficiente de convivencia no puede ser calificado de Derecho (Manuel de Rivacoba).

Sr.

Haroldo Brito Cruz.

Presidente de la

Corte Suprema de Chile.

Más que señales de unidad (así se difunde) con quienes han acentuado la crisis social producto de una política económica ilícita en cuanto favorece al sector ya más favorecido a costa de los más pobres, Chile requiere decisión para frenar sus abusos y encubrimiento, y para desvirtuar la inducción a la guerra interna, de la que coparticipan -ilícitamente- grandes medios de prensa empresariales (y el latente veneno fascista), torciendo u ocultando la verdad.

Señales más acordes con la gravedad de la estrategia y violencia estatal desatada y la delictuosa inacción de entidades públicas frente a los verdaderos autores.

Ya es reprochable el aval judicial a pactos de impunidad (aun reconociendo que sus promotores radican en el Ministerio Público operando argucias procedimentales insertas en el nuevo Cpp.) respecto de graves y reiterados delitos perpetrados por agentes del gran empresariado. En cierto modo, también esta conducta judicial -que no debe imputar total responsabilidad procesal a la dirigencia del Ministerio Público (de la que poco o nada se espera)- ha alimentado indignación social y lo que hoy muchos chilenos manifestamos.

Acentuando justicia de clase.

Lo advirtió el ministro Juica, y -reconocemos- lo estaría enfrentando el ministro Muñoz.

Como Presidente de la Corte Suprema, usted puede marcar un cambio radical respecto del comportamiento de quienes ocuparon tal cargo durante la dictadura.

Relator de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, expone la propaganda y la censura mediática

“Assange ha estado expuesto deliberadamente, durante un período de varios años, a formas progresivamente graves de trato o penas crueles, inhumanas o degradantes, cuyos efectos acumulativos sólo pueden describirse como torturas psicológicas".

"En 20 años de trabajo con víctimas de guerra, violencia y persecución política, nunca he visto a un grupo de Estados democráticos organizándose para aislar, demonizar y abusar deliberadamente de una persona durante tanto tiempo y con tan poca consideración por la dignidad humana y el imperio de la ley”, agregó.

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PRESOS POLÍTICOS CATALANES EN ESPAÑA

ABOGADOS INTEGRANTES DE CORTES Y DERECHOS HUMANOS.

EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN Y LOS ABOGADOS INTEGRANTES DE CORTES DE APELACIONES Y CORTE SUPREMA.
En 1991, Patricio Aylwin, recibió de la denominada Comisión Verdad y Reconciliación, su Informe, conocido con el apellido de su presidente, Raúl Rettig. Por fin parecían concretarse expectativas de justicia, después de tantos años de arbitrariedad estatal, y desconocimiento oficial de la dignidad, integridad e incluso la vida de muchas personas, aun fuera de Chile.

El señalado Informe planteó un nutrido y fundado elenco de medidas legales de índole penal y procesal, destinadas a tutelar a la persona en sus ámbitos más preciados, teniendo muy presente el drama colectivo iniciado en 1973, y la estructura normativa y cultural que lo facilitó.

De los variados y valiosos requerimientos, justificados no en sutilezas sino en una estructura jurídica que facilitó el asesinato y el sufrimiento de miles de chilenos, planteó acciones concretas a fin de establecer castigo real para la aplicación de tormentos, ejecutada por funcionarios públicos; igualmente, propuso la criminalización del desaparecimiento forzado de personas, y elevar la figura de coacción, de mera falta a delito.

REQUERIMIENTOS PARA MODIFICAR LA COMPOSICIÓN DE ÓRGANOS JUZGADORES.
Asimismo, formuló planteamientos que atañen a la estructura y funciones del aparato judicial, buscando acercar una composición idónea para una labor jurisdiccional democrática (esto es, con personas que “…pueden cumplir mejor las labores jurisdiccionales”).
De ellos, destaca su posición sobre los llamados abogados integrantes de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, que, sin ser ministros ni jueces, ni integrar la estructura judicial, ejercen jurisdicción, participan, remuneradamente, de la labor sentenciadora.
En variados artículos el Código orgánico de tribunales, COT, se refiere a ellos. Su artículo 219, aún les estructura en base a ternas confeccionadas por el propio aparato, de las cuales selecciona el Presidente de la República.
Recordemos el inciso 1º del citado precepto:
“Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 215 y 217 de este Código, el Presidente de la República designará doce abogados para la Corte Suprema; quince para la Corte de Apelaciones de Santiago; nueve para las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, San Miguel y Concepción; cinco para las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco y Valdivia; y tres para cada una de las demás Cortes, previa formación por la Corte Suprema, de las respectivas ternas”.
Pues, hace ya más de veinte años, el mencionado Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación formuló valiosas sugerencias sobre el tema. Rubricándole como “Medidas tendientes a asegurar la independencia e mparcialidad de la Judicatura”, le abordó (volumen 1, tomo II, Santiago, 1991, pág. 1.276):

“a.5)
En cuanto a la integración de las Cortes.
Estudiar la posibilidad de reemplazar la actual institución de los abogados integrantes por un aumento en el número de
Ministros de las Cortes superiores de Justicia.
Se estima que el hecho de que la designación de los abogados integrantes sea resorte exclusivo del Presidente de la
República, que sean temporales en sus cargos y que les esté permitido el ejercicio paralelo de la profesión, puede afectar la necesaria independencia e imparcialidad que el desempeño de tan delicada e importante misión, como es el ejercicio de la jurisdicción, requiere.
Se aconseja, por lo tanto, revisar la conveniencia de mantener esta institución, sobre todo si se acoge la idea de aumentar el número de magistrados a que se refiere el párrafo siguiente.

a.6)
En cuanto al número de magistrados.
Aumentar el número de jueces, como asimismo de ministros y fiscales en los tribunales superiores de justicia.
El recargo ostensible de trabajo de los tribunales superiores de Justicia hace indispensable considerar como medida urgente el aumento de la cantidad de ministros y fiscales en estos tribunales.
Esta medida facilitaría la revisión propuesta en el numerando anterior al permitir reemplazar a los abogados integrantes por miembros permanentes que se estima pueden cumplir mejor las funciones jurisdiccionales”.
……

No es Venezuela, no es Caracas. Es Santiago de Chile, 1° de mayo de 2019:

Policía militarizada interrumpe acto de conmemoración del día de los trabajadores/as convocado por la Central de Trabajadores no vinculada a los intereses político-empresariales. Represión brutal, ejercida por el poder político que controla al poder policial. Conducta gubernamental violatoria de derechos esenciales como el de reunión y la libertad de expresión, práctica oficial encubierta por la prensa dominante, escrita y de televisión, y los periodistas a su servicio. Quebrar el acto, agredir asistentes, violentar derechos, provocar…

LOS PSIQUIATRAS DE FRANCO

Durante los largos años de la represión franquista, los principales psiquiatras españoles se convirtieron en guardianes de la integridad moral y política del régimen.

Sus métodos, ideología y tratamientos parecían más destinados al castigo de los "rojos" y "los otros" que a la prevención y curación de enfermos.

Enrique González Duro, uno de los más destacados psiquiatras españoles, ha buceado en archivos, removido documentación y analizado los textos doctrinales de sus colegas franquistas con el fin de sacar a la luz el comportamiento profesional y personal de una parte esencial de la psiquiatría oficial.

El resultado es un libro estremecedor.

Un riguroso trabajo que desvela aspectos, hasta ahora desconocidos, de la barbarie clínica cometida contra los perdedores.

El manicomio seguía siendo el eje fundamental de la asistencia pública y referente para el orden social, pero fue convertido en una institución de orden y para el orden.

Lo importante era el mando único y la disciplina patriótica del personal facultativo, auxiliar y religioso, para controlar permanentemente al enfermo internado, considerado como un peligroso enemigo, dispuesto siempre a la fuga y tratado menos como paciente que como objeto de la disciplina y del «merecido castigo».

Ir a texto...

FOUCAULT.

"La prostitución patentada, el robo material directo, el robo con fractura, el asesinato y el bandidaje para las clases inferiores; mientras que las espoliaciones hábiles, el robo indirecto y refinado, la explotación inteligente del ganado humano, las traiciones de alta táctica, las marrullerías trascendentes, en fin todos los vicios y todos los delitos realmente lucrativos, elegantes y a los que la ley está demasiado bien educada para atacarlos, siguen siendo el monopolio de las clases superiores".
En La Phalange, 1 de diciembre de 1838, citada por FOUCAULT, en Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, 18ª edición en español, traducción de Aurelio Garzón del Camino, Siglo XXI editores, México, 1990, pág. 296, nota 73.

FOUCAULT.

“Pero esta criminalidad de necesidad o de represión enmascara, por la resonancia que se le da y la desconsideración de que se la rodea, otra criminalidad que a veces es su causa, y siempre su amplificación. Es la delincuencia de arriba, ejemplo escandaloso, fuente de miseria y principio de rebelión para los pobres. ‘Mientras la miseria cubre vuestros pavimentos de cadáveres, y vuestras prisiones de ladrones y de asesinos, ¿qué estamos viendo en cuanto a los estafadores del gran mundo?... Los ejemplos más corruptores, el cinismo más indignante, el bandidaje más desvergonzado... ¿No teméis que el pobre a quien se lleva al banquillo de los criminales por haber arrancado un trozo de pan a través de los barrotes de una panadería, llegue a indignarse lo bastante, algún día, para demoler piedra a piedra la Bolsa, antro salvaje donde se roban impunemente los tesoros del Estado…?’. Ahora bien, esta delincuencia propia de la riqueza se halla tolerada por las leyes y cuando cae bajo sus golpes está segura de la indulgencia de los tribunales…”.
La Ruche Populaire (noviembre de 1842), citada por FOUCAULT, en Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, 18ª edición en español, traducción de Aurelio Garzón del Camino, Siglo XXI editores, México, 1990, pág. 294.

El Tribunal Constitucional en Chile

El caso del Tribunal Constitucional es arista visible del dominio, o alta influencia, que sobre aparatos u órganos del Estado (no sólo ese) ejerce un sector social específico, el pudiente, el del gran empresariado.

La formación y relaciones de integrantes generaría que un comportamiento distinto (e interpretaciones distintas) les sancionase dentro del círculo que allí les ha llevado, o en que han crecido y se desenvuelven. O que pasaron a integrar una vez situados económica y laboralmente.

Estos factores, de acomodo personal y de complacencia a tales grupos y entorno de vida, poseen influencia mayor.

Ripert anotó hace muchos años: "Cuando menos los juristas son los defensores del orden establecido, no solamente por deber, sino también por convicción de la belleza de este orden. Por la clase social a la que pertenecen, por su educación, por su lugar en una jerarquía, son, en su mayoría, cualesquiera que sean sus opiniones políticas, conservadores y aun admiradores de lo que existe. Tienen la tradición de los legistas encargados de fortificar las órdenes de la autoridad real con una argumentación doctrinal.La ley es para ellos la expresión de la soberanía nacional y no pueden admirarse de que lo que complace al pueblo llegue a ser ley, puesto que sus antecesores declaraban que toda voluntad del príncipe tiene fuerza de ley...”.

La lucha del estudiantado chileno -y su represión- se vincula al Derecho penal, e integra su circunstancia. Hoy, impedir la perpetración legislativa de un cuerpo punitivo como la denominada ley Hinzpeter, como lucha y factor social que es, por cierto que se relaciona con esta rama jurídica. Sólo el conservador enfoque docente conceptualista desconocerá tal nexo.
Mientras se asegura la falta de castigo de conductas delictivas del sector dominante (el código procesal se orientó a tal protección; las contadas veces que aquél pisa tribunales sale riéndose), se intensifica la criminalización de actividades de protesta de grupos sociales sometidos. Se añade la acción de un aparato policial que, instruido y pertrechado por el poder político (incluido el legislativo y las dos coaliciones que le controlan), reprime, ya brutalmente, el descontento colectivo. Grupos partidarios no tan diferentes: aprobaron en el CORE, V región, el gasto de 284 millones de pesos para “renovar” carros lanzaagua, esto es, más elementos para reprimir. Para eso sí hay dinero fiscal.
Son los estudiantes los que están dignificando el ambiente
jurídico-social, en contraste con la falta de valor moral de otros. Son ellos quienes construyen aquella historia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso no consignada oficialmente, ni festejada de etiquetas o cocteles, pero que realizó y realiza lo mejor de sus valores.

EL CHILE DE HOY

ACENTUANDO LA DESFIGURACIÓN DE LA LEGALIDAD PENAL CHILENA. A estas alturas (julio de 2012), no puede sorprender el apoyo que la “clase política” suministra -mediante votaciones parlamentarias-, al denominado proyecto “Hinzpeter”. Aunque el discurso oficial señala que su proyecto legiferante reprime “encapuchados”, la lectura de los tipos penales y del procedimiento impulsado, evidencia dirigirse a coartar el ejercicio de derechos vitales, comprensivos de expresiones ciudadanas. En la imagen, a la derecha, un policía chileno (aparato dependiente de los Ministerios de Interior y de Defensa), infiltrado en una manifestación pública -cumpliendo rol de provocador-, orienta y custodia a un alto funcionario del Ejército (Santiago, año 2011).

Casos ilustrativos. “El Mercurio” nos ha informado del sobreseimiento (resolución procesal esencial), respecto de una diputada de la República. El delito es –era- fraude al fisco. Nadie impugnará la medida judicial; ni la fiscalía, ni el Consejo de Defensa del Estado. Curioso, ya que se instala la equivocada idea de que el único bien jurídico lesionado fue el patrimonio público. Si mal no recordamos, hay varios bienes jurídicos menoscabados. Pertinente son las palabras de Beccaria: “…no es la medida de las penas la sensibilidad del reo, sino el daño público, tanto mayor cuanto sea más favorecido quien lo produzca”, según las recuerda RIVACOBA en su hermoso estudio “La reforma penal de la Ilustración”. La imagen instalada es que “aquí no ha pasado nada”.

ZAFFARONI: EL DESAFÍO DE LOS PENALISTAS HOY.

“2. El discurso jurídico penal podría oponer una ligera
resistencia y contribuir a una visión más realista, pero la marcada tendencia a huir hacia el idealismo (o hacia sistemas cerrados por otra vía metodológica) y compartir la perspectiva antropológica del pensamiento único no vaticinan una
gran eficacia contentora. Las construcciones teóricas del derecho penal en la forma de sistemas cerrados (no alimentados con datos de la realidad y deducidos sólo de la función que el constructor asigna arbitrariamente a la pena)
adelantan lo que los científicos vislumbran como el riesgo de la inteligencia artificial en la robótica del futuro y los llaman rizos de retroalimentación que enloquecen el sistema. En realidad,
un sistema cerrado y deducido, puesto en manos judiciales para resolver todos los casos, noes más que el programa de un complicado --quizá no tanto- robot para fabricar sentencias.

3. El sistema cerrado o robótico del derecho penal tiende a incluir y racionalizar la legislación desordenadamente producida por los políticos del estado espectáculo en su creciente e incesante producción de mensajes de poder
virtual. En definitiva, se llega a sostener que la teorización debe ser funcional a éstos porque de lo contrario, sería excluída del sistema. Por ende, hay quienes resignadamente se ofrecen de
buen grado a ponerse al servicio de esos mensajes y, más aún, a entrenar a las futuras generaciones de juristas para que sólo aprendan a hacer lo propio. Es así que no falta una pretendida teoría penal que insiste en el mero efecto simbólico de la ley penal y lo asume, elaborada a la medida de las exigencias de los políticos de la farándula, pasando por alto que la ley penal se traduce en criminalizaciones secundarias en forma selectiva hacia los más vulnerables.
Se renuevan teorías de hace siglos sin dar cuenta de su origen, que muchas veces incluso se ignora:
a) Se renuncia al principio de lesividad, ya no con los delitos de peligro abstracto o ficto, sino con la tesis de que hay delitos acumulativos, es decir, que no afectan a nadie, pero que si todos los practicásemos,afectarían a todos: es el argumento
usado por Feuerbach hace doscientos años para racionalizar la punición de la sodomía.

b) Se revitalizan las viejas racionalizaciones de Sprenger y Kramer en el Martillo de las Brujas de 1484 o de Eymerich en el Manual de los Inquisidores de 1376 para legitimar las pruebas ilícitas introducidas en procesos penales extraordinarios y que tienden -como entonces- a ordinarizarse.

c) Se sostiene que debe hacerse un derecho penal de dos velocidades: uno con mayores garantías para los débiles y otro con menores garantías para los poderosos, ignorando que el último no hará otra cosa que alcanzar a los menos poderosos, a los no poderosos que aspiran a serlo o a los que han perdido frente a otros más poderosos y que, además, terminará
ordinarizándose.

d) Se reconoce que el derecho penal para los poderosos será de aplicación más excepcional, por lo que se propone compensar la impunidad con más pena para los pocos casos en que se
aplique: se olvida que esta regla ya la propuso Bentham y la rebatió Carmignani como carente de cualquier lógica. Su traducción práctica es que a los menos poderosos que atrape se le aplicará más pena para que la gente crea en su eficacia.

e) Se sostiene también que, cuanto menor gravedad tiene una pena, menores son las garantías con las que debe rodearse su imposición. Se olvida que el poder configurador cotidiano -que
es el más importante del poder punitivo- se maneja con penas menores y hasta contravencionales, en tanto que las más graves -incluyendo la pena de muerte- tienen muy poca importancia configuradora, dado que la mayoría de la población se abstiene de semejantes crímenes.

Por otra parte, es razonable deducir el resultado de un planteo que pretende disminuir las garantías para las penas de
los poderosos menos poderosos o no poderosos, pero también las de las penas leves —en las que no incurren los poderosos- y también las que se imponen por la emergencia de turno, es decir, para todas”.

[De Eugenio Raúl ZAFFARONI, LA GLOBALIZACIÓN
Y LAS ACTUALES ORIENTACIONES DE LA POLÍTICA CRIMINAL, 1999, págs. 20 a 22.
La base del texto han sido los apuntes ordenados de la exposición realizada el 23 de febrero de dicho año en México D.F., en el marco del 2º SeminarioInternacional de Derecho penal organizado por el Centro de Estudios de Política
Criminal y Ciencias Penales].
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ZAFFARONI: EL SABER PENAL DE LA GLOBALIZACIÓN.

"1. Corresponderá al pensamiento penal, criminológico y político criminal progresista de la globalización la tarea de esforzarse por contener el poder punitivo que quiera arrasar las culturas alternativas de excluidos y que -con seguridad- no escatimará esfuerzos para hacerlo. Debe contarse con que este poder punitivo asumirá formas nuevas, pues el control penal en poco tiempo cambiará totalmente su fisonomía. Técnicamente es ya posible reemplazar las cárceles por el control electrónico de conducta, que es mucho más barato y, por ende, aplicable a mayor número de personas. El poder de observación y vigilancia ha aumentado considerablemente, pero en pocos años alcanzará niveles nunca imaginados. Las casas y edificios inteligentes serán un gran avance
tecnológico que, sin duda, brindará muchas comodidades a los incluidos, pero significará también el fin de la privacidad y cada edificio será una prisión en potencia. El lugar del pensamiento penal progresista será junto a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos empeñadas en la preservación de las alternativas que surjan desde fuera de los ghetos de incluídos. De este lado estarán los colegas que, descendiendo de Beccaria, Verri y Sonnenfels, Howard, Feuerbach, Carmignani, se empeñen en la tarea cada vez más comprometida de elaborar discursos jurídico penales que preserven los espacios sociales para las culturas alternativas de los excluídos y la nueva sociedad globalizada. Lamentablemente, no faltarán tampoco discursos de hechura de la glosa tardía, que Francesco Carrara despreciaba como la schifosa scienza. Será inevitable, como lo fue en los anteriores momentos de poder planetario y, especialmente, en el inmediatamente precedente”.

[De Eugenio Raúl ZAFFARONI, LA GLOBALIZACIÓN
Y LAS ACTUALES ORIENTACIONES DE LA POLÍTICA CRIMINAL, 1999, pág. 28.
La base del texto han sido los apuntes ordenados de la exposición realizada el 23 de febrero de dicho año en México D.F., en el marco del 2º Seminario Internacional de Derecho penal organizado por el Centro de Estudios de Política
Criminal y Ciencias Penales].

ETIQUETAMIENTO EMPRESARIALMENTE ALENTADO.

En el drama chileno sufrido durante la dictadura, se añade la acción de grandes empresas periodísticas, y la colaboración y encubrimiento que prestaron propietarios, ejecutivos y periodistas, en el asesinato de centenares de chilenos, más notoriamente para implementar la llamada “operación Colombo”. Los propietarios de una de aquellas hoy financian “Paz ciudadana”, órgano que encauza -y condiciona- la labor policial y persecutoria, que les dice quién es delincuente y quien no, a quién debe estudiarse –vigilarse y perseguirse- y a quién no. Con paternalismo, apariencia neutra, e imagen altruista y filantrópica. Y que, al etiquetar o estigmatizar a gente modesta, opera como entidad configuradora y criminalizante; por ello, criminógena, es decir, factor de comisión de delitos. Adecuada para mantener los intereses del sector dominante.