El
padre Michael Woodward Iriberry y la justicia
chilena.
“…luego de ingresar por un costado del
edificio tuvo que pasar por un patio interior que se encontraba frente al
edificio, propio de la Academia.
En dicho patio vio a una
persona de pie de estatura alta delgadito con los ojos vendados y las manos
atadas a la espalda, con los pies descalzos y era obligado a mantenerse en un
cuadrado del cual no podía salir, porque era golpeado con la culata de un fusil
en diferentes partes del cuerpo…”.
“…Una vez que los marinos trasladaban el
cadáver en una camilla,
el que habían bajado de
una camioneta, el cuerpo es dejado en la mesa de la morgue, pudiendo constatar
que el cuerpo del sacerdote presentaba una herida de bala en el pecho un poco
más abajo del corazón, con muchos hematomas en todo su cuerpo, lo que
demostraba que había sido brutalmente golpeado…”.
El pasado 7 de mayo, el sr. Miranda, ministro
de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dictó sentencia de primera instancia,
en el proceso criminal caratulado como secuestro
calificado del sacerdote católico Michael Woodward Iriberry, perpetrado en Valparaíso
durante 1973.
Michael
era y se sentía sacerdote, pese a que Emilio Tagle Covarrubias, entonces arzobispo
estrechamente ligado a grupos patronales, y luego apologista de la dictadura,
le había privado del ministerio sacerdotal.
Proceso
no exento de coacciones. En al menos una etapa, que implicó alegatos ante la
Corte de Valparaíso, se personaron amistades y vínculos de entonces procesados
(oficiales de la Armada), agrediendo a personas y abogados de la parte acusadora.
Asimismo, nunca se investigó debidamente que “desconocidos” ingresaran al domicilio santiaguino de una de las
abogadas que representaba al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior (parte acusadora, Woodward), sustrayendo sus documentos del mismo caso.
Tres años y un día de presidio menor, remitidos [no efectivos], por secuestrar, aplicar tormentos, causar
la muerte e inhumar ilegalmente.
Pese
a que el precepto que se cita como fundamento normativo para el fallo -el
artículo 141 del Código penal-, en 1973 poseía amplitud y redacción idéntica a
su origen decimonónico (véase el texto original, en la edición de Edeval, de
1974, promovida por Manuel de Rivacoba), esto es, según su inciso 3º, “si el encierro o detención se prolongare por
más de noventa días, o si de ellos resultare un daño grave en la persona o
intereses del encerrado o detenido, la pena será presidio mayor en cualquiera
de sus grados”; es decir, hasta 20 años.
Aunque
es sentencia de primera instancia, no construimos ilusiones sobre el fallo en
segunda, que deberá expedirse por una de las salas de la misma Corte.
El
contenido del proceso justifica un libro. Evidencia, en un específico caso, el
desprecio de la vida y la dignidad del prójimo, instigado por el gran
empresariado, ordenado y ejecutado por oficiales militares cuya sedición se conserva impune; revísese
las conductas descritas y penadas por los artículos 121 y ss. del Código penal,
calificadas como delitos contra la seguridad interior del Estado, que han quedado
en letra muerta para golpistas, cómplices y encubridores.
Y exhibe
la cobardía de aquéllos, al encauzar la responsabilidad hacia ejecutores directos,
esto es, suboficiales y tropa; sus subordinados, sus instrumentos de represión.
Quienes
se alzaron y sublevaron, implementaron al interior de las FF.AA. el ambiente de
odio y crueldad hacia el prójimo, especialmente hacia personas de Izquierda, personas
con proyectos de cambio social, que incluso dieron órdenes en este caso particular,
y le encubrieron una vez perpetrado,… continúan en la impunidad.
Llama
la atención la calificación de “pronunciamiento
militar”. En verdad, para el
Ordenamiento jurídico chileno tal expresión no existe (aunque sí para la
propaganda golpista). Por el contrario, para la legalidad chilena sí existe la
de alzamiento, sublevación y sedición, y
de sublevados y sediciosos (Código penal, Libro II, Título II).
El
haber logrado la consumación de sus
delitos no les priva de su calidad criminal. Así, tampoco, que alguien logre, efectivamente, asesinar a otro, robarle
o usurpar su función o puesto, no transforma tales actos en lícitos, en
ajustados a Derecho; no por ello dejan de envolver asesinato, robo o usurpación; lo que hace es configurar su
calidad de delitos consumados, no
quedando en tentativa o frustración.
Pensar
que todo acto ilícito, contrario a Derecho, se transfigura o transforma en
lícito (se blanquea), si es que tiene
éxito, si es que se consuma (a sangre y fuego), implica afirmar que el Derecho
debe subordinarse a la fuerza, que sólo es instrumento de ella.
Es
fundada la indignación que ocasiona la sentencia, más cuando ella misma dice considerar
la extrema gravedad y reprochabilidad de lo perpetrado, y expone reconocer el
valor y obligatoriedad de la normativa internacional de derechos humanos y los deberes
que vinculan al Estado chileno.
Se
percibe incongruencia entre lo que ella misma dice tener presente (actividades
que implicaron crímenes de lesa humanidad,
que significaron violación de derechos
humanos fundamentales), con lo que efectivamente resolvió.
Pese al marco normativo penal vigente en tal época (art. 141 en sus tres
incisos), que al solo secuestro con especiales resultados ya le asignaba
presidio mayor, incluyendo su máximo grado (15 años y un día a 20 años).
¿Se
consideró la acreditada grave lesión
de bienes penalmente tutelados (expresamente amparados, en Chile, en 1973), tan
valiosos como la libertad ambulatoria y la seguridad individual?; ¿o la
destrucción de otro, tal como la vida?
¿Importan en algo?
En
las líneas siguientes, a la vez de enlazar el texto de sentencia, reproducimos
párrafos de una carta despachada desde Madrid, en mayo de 2011, por el cuñado
del sacerdote, a propósito del entonces cierre del sumario y la elevación de la
causa a plenario, con el sobreseimiento, ya en esos días, de oficiales navales
comprometidos.
Versión en pdf:
…
“Hace
meses que estábamos pendientes de noticias del Ministro Julio Miranda, quien
investiga el caso desde que la Ministro Quezada fue nombrada Presidente de la
Corte de Apelaciones. Por fin, el día 18 de mayo [de 2011] Patricia llamó desde
Madrid a la actuario, quién le dijo que el caso en su fase de investigación se
había cerrado. No le dijo, sin embargo, que el día 16 habían pasado ya a la
próxima fase, de Acusación de 10 inculpados y el Sobreseimiento de los otros 19
inculpados (cosa inédita que se hiciera el mismo día). La actuario tampoco dijo
nada de lo que estaba pasando cuando la abogada del Programa de Derechos
Humanos, Carla Leiva, estaba llamándole todos los días durante ese período.
Queda
poca duda de que se trata de un intento de encubrimiento por parte del
Ministro. En parte ha tenido éxito. Cuando supimos del cierre de la causa ya
había pasado el plazo de 5 días para apelar. Lo más grave, sin embargo, se
refiere al carácter de los 10 inculpados (la mayoría de la Armada, algunos de
Carabineros): se trataban de un cabo, un sargento, varios suboficiales, y dos
oficiales. Todos son "autores" involucrados directamente en los
crímenes. Los ‘autores intelectuales’ - los altos cargos - habían sido sobreseidos
‘por falta de pruebas’ aunque sus testimonios, recogidos por la Ministro
Quezada, estaban repletos de tales pruebas.
Entre
ellos constaban los Almirantes Aldoney y Mackay, los notorios torturadores,
Riesco y (de nuevo) Mackay, y el Doctor Naval Carlos Costa Canessa, confesó de
haber falsificado el certificado de muerte de Miguel. Además, en cuanto a los
10, han sido acusados únicamente de ‘secuestro’, sin referencia a los otros
tipos penales referidos en la querella original: genocidio por motivos de
índole religiosa, terrorismo de estado, homicidio calificado, torturas e
inhumación ilegal.
El
Ministro justificó el hecho de no haber avisado a los querellantes de sus
resoluciones en que el requerimiento del Código de Procesamiento Penal
establece que la única forma oficial de avisar a los querellantes de sus
decisiones es colocarlas en el tablón de la Corte No hay, según él, ninguna
alternativa, ni siquiera cuando la Corte recibe llamadas telefónicas pidiendo
información. Cuando la abogado del Programa de Derechos Humanos le sugirió que,
de todas formas, pudiera haber informado a los querellantes de manera informal,
el Ministro contestó: ’Quería evitar las pancartas y
manifestaciones que hubieran tenido lugar frente a la Corte’".
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