LOS PSIQUIATRAS DE FRANCO

Durante los largos años de la represión franquista, los principales psiquiatras españoles se convirtieron en guardianes de la integridad moral y política del régimen. 
 
Sus métodos, ideología y tratamientos parecían más destinados al castigo de los "rojos" y "los otros" que a la prevención y curación de enfermos.

Enrique González Duro, uno de los más destacados psiquiatras españoles, ha buceado en archivos, removido documentación y analizado los textos doctrinales de sus colegas franquistas con el fin de sacar a la luz el comportamiento profesional y personal de una parte esencial de la psiquiatría oficial.

El resultado es un libro estremecedor.

Un riguroso trabajo que desvela aspectos, hasta ahora desconocidos, de la barbarie clínica cometida contra los perdedores.

El manicomio seguía siendo el eje fundamental de la asistencia pública y referente para el orden social, pero fue convertido en una institución de orden y para el orden.

Lo importante era el mando único y la disciplina patriótica del personal facultativo, auxiliar y religioso, para controlar permanentemente al enfermo internado, considerado como un peligroso enemigo, dispuesto siempre a la fuga y tratado menos como paciente que como objeto de la disciplina y del «merecido castigo».

Chile: abuso, corrupción y desigualdad.


Creo que se equivocan los que piensan que el rechazo social frente a la muerte de Camilo Catrillanca se debe simplemente a la empatía con lo mapuche y por lo mapuche.
El nivel de la reacción social frente a la muerte de Catrillanca tiene que ver con la empatía dolorosa que nos produce el abuso de poder y la desigualdad a la que estamos constantemente expuestos todos.
En el contrato que firmamos, en el acuerdo inicial, cuando empezamos este juego social, se nos habló de igualdad frente a la ley, se nos dijo que nadie era mejor que otro, se nos insistió que el país es para todos. La palabra JUSTICIA, lo justo para cada cual, era uno de los principios sagrados.
Sin embargo, los ciudadanos tenemos que ver TODOS LOS DÍAS, como se manipula el tablero, como se esconden las piezas, como somos engañados y pasados por el aro cada día. Cuando el hijo de un poderoso mata a alguien, se le paga al tanatólogo, se soborna a los funcionarios, el teléfono funciona llamando a decenas de amigos, y el poderoso zafa a su hijo. El poderoso estafa a miles de chilenos y luego de mil triquiñuelas legales termina con clases de ética. El poderoso evade miles de millones de pesos y el Estado le condona la deuda. Un poderoso es capaz de movilizar a toda la policía para encontrar los bienes robados desde su casa en pocas horas. El poderoso consigue que el propio presidente de la República se movilice al lugar donde fue agredido.
El resto del país va a la cárcel por una gallina, el Estado le quita todo por unas facturas de veinte lucas mal emitidas, es inimaginable carabineros entrando a golpear a un colegio privado o a matar a un condominio por un robo de autos.
Esta desigualdad, esta injusticia, nos tiene frustrados, amargados y tensos.
No es cierto que la ley es una para todos, las mejores oficinas de abogados se compran, los lobbistas se compran, las influencias se compran mientras el resto enfrentamos desnudos al elefante en tribunales. Es equivalente a decir que porque es la misma pelota de fútbol y la misma cancha hay igualdad, cuando el estadio es del otro equipo, pueden comprar a Neymar y tienen comprado al árbitro.
Catrillán fue asesinado porque es pobre, mapuche y estaba hastiado del abuso. Era un elemento de desorden en la taza de leche que el Estado de Chile ordena que debe ser nuestro país. Los extranjeros no saben que este país es “el más estable de América Latina” producto de la profunda represión a todo nivel en que viven sus habitantes. “Por la razón o la fuerza” no es un lema para amedrentar a nuestros vecinos limítrofes, está dirigido a nosotros, los ciudadanos. Súmenlo al otro lema más conocido y obtendrán que Chile es “Orden y Patria, por la razón o la fuerza”. Instalado por una clase gobernante que Entiende que el fin último no es el bien común de sus hijos, sino la estabilidad social para el comercio y la producción, a toda costa. De este modo no entiende la ebullición social como un síntoma que hay que atender, sino un problema que hay que APLASTAR. Ese es el raciocinio detrás de Santa María de Iquique, La Coruña, Plaza Colón, Ranquil, Forrahue, Punta Arenas; también de Quintero Puchuncaví y ahora lo ocurrido con Catrillanca. No es el ciudadano, el ser humano, el respeto mutuo o el bien común lo central en este país, sino la estabilidad policial militarizada para asegurar el comercio y la producción del poderoso.
Todos estaríamos más tranquilo si se declarara lo evidente, somos ciudadanos de tercera clase, formas a contrata de la esclavitud y la explotación, además de socios con una pistola en la nuca, a través de la AFP de las empresas con las que solo ELLOS se hacen millonarios.
Catrillanca es la expresión extrema de lo que vivimos como sociedad: el abuso y la desigualdad, la injusticia de un modelo que le da MÁS a los que tienen más y MENOS a los que tienen menos en salud, educación y previsión, también en seguridad y justicia. Algo así es intolerable, un modelo que ofrece bienestar para unos pocos y miseria o angustia permanente para la mayoría es una olla a presión que no necesariamente explota en las calles, explota al interior de las casas, en alcoholismo, drogadicción, alta incidencia de depresión y altísimas tasas de suicidio, frustración, violencia porque se acusa solo al pobre de su fracaso, se le insiste a la gente que la culpa es de ellos por haber sido incapaces de volverse millonarios, a tal punto que terminan creyéndolo, culpándose, doliéndose, torturándose.
Las sociedades modernas se construyeron para que todos fueran felices, no solo algunos. Y es nuestro DEBER buscar un modelo, una y otra vez, que intente ese objetivo hasta conseguirlo. Uno donde sea el ser humano quien esté al centro de las preocupaciones a todo evento. Un país donde se cierre la chimenea que emite tóxicos, NO LA ESCUELA que los padece!!!!
Un país justo, de hermanos, no esta mierda donde un hijo de mapuche es adoctrinado, entrenado y protegido para que mate a sus propios hermanos en defensa del dinero de otros.”.
Del Muro de Jorge Baradit.

Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg para Rodrigo Mundaca.


Rodrigo Mundaca galardonado con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg

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El Desconcierto
La ciudad alemana entrega el galardón cada dos años a personas u organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos con riesgo de su propia vida y contribuyen a la paz y a la comprensión intercultural. En el caso de Mundaca, destacan su lucha al interior de Modatima, pese al “permanente hostigamiento, amenazas y persecución” que ha enfrentado.
El vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, fue reconocido este lunes con el Premio Internacional de los Derechos Humanos de la ciudad de Núremberg (al sur de Alemania), debido a su lucha en defensa del acceso al agua potable en Petorca.
El ingeniero agrónomo de 57 años recibirá el galardón en septiembre del próximo año, y en un documento, el jurado destacó su trabajo dentro de Modatima. “La región de Petorca, de donde Mundaca es originario, está marcada por los numerosos conflictos entre empresas agrícolas, destinadas principalmente a la exportación de aguacates y cítricos, y pequeños agricultores locales”
La organización a cargo del premio señala que en Chile el 90% del derecho al agua está gestionado por el sector privado, y que las empresas que lo explotan la canalizan principalmente hacia el cultivo de paltas. Además, que las agrupaciones que luchan en su defensa han sido criminalizadas por el Estado, como es el mismo caso de Mundaca, quien ha tenido que presentarse ante la justicia en 24 ocasiones entre 2012 y 2014, lo que calificaron como un “permanente hostigamiento, amenazas y persecución”.
Una de las situaciones más graves que Mundaca ha enfrentado fue en 2015, cuando fue atacado en plena calle en el centro de Santiago, lo que no fue investigado por la policía entonces, y las amenazas de muerte que ha recibido luego de un reportaje de 2017 publicado en Dinamarca sobre las consecuencias del cultivo de paltas. Actualmente, sólo tras una campaña impulsada por Amnistía Internacional, se encuentra bajo permanente protección policial.
Desde 1995 la ciudad de Núremberg concede cada dos años el Premio Internacional de Derechos Humanos a personas u organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos con riesgo de su propia vida y contribuyen a la paz y a la comprensión intercultural, y contempla la entrega de 15 mil euros (17.250 dólares).
La iniciativa surgió como una respuesta a las “leyes de la raza” nazis promulgadas allí en 1935, y para sus impulsores, se trata de “un símbolo de que de Núremberg nunca más deben partir otras señales que de paz, reconciliación, entendimiento y respeto de los derechos humanos”.
En esta versión, la organización señaló que el propósito es contribuir, con el galardón, a que se dé a Mundaca la protección necesaria para que pueda proseguir con su trabajo y lucha.
Hasta el momento, otros activistas que también han sido reconocidos con el galardón son el periodista colombiano Hollman Morris en 2011, y el obispo mexicano Samuel Ruiz García en 2001.

1982: Cúpula estatal de la dictadura invitada a dar "cátedra" en Universidad de Valparaíso.


1982. Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

Jornadas, convocando a lo más granado de los agentes de la dictadura en el aparato del Estado.

Actividad organizada por Lautaro Ríos Álvarez.


Control de detención y presiones a los jueces. Por Álvaro Flores Monardes.


Álvaro Flores Monardes,
Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile.

¿Qué harán los jueces de Corte que revisen la decisión del Juez de San Antonio, notificados como están por el Ejecutivo -que decide sobre sus carreras en futuros nombramientos- que aquél actuó fuera del “sentido común” generando aversión de las autoridades encargadas de la seguridad pública?
¿Estarán dispuestos a instrumentalizar el caso en favor de sus propias expectativas de carrera, soslayando el mandato constitucional de prescindir de todo interés diverso al de aplicar la ley al caso concreto?
Cuando sostenidamente hemos criticado el sistema de nombramientos existente en Chile como un pésimo sistema, por afectar la independencia de los jueces, hemos sentido cierta orfandad de un caso explicativo y de connotación pública, que permitiere comprender la vinculación existente entre la función judicial, como una garantía de derechos de las personas, la relevancia de la independencia que debe ser condición esencial para su ejercicio y la forma que ésta es afectada por las autoridades políticas y judiciales.
Pues bien, el caso del control de legalidad de la detención iniciado en San Antonio, permite explicar el grave problema de la afectación externa de la independencia judicial. No es el único, pero puede aplicarse este análisis a cualquier otro que refleje, por ejemplo, algún interés especial del Ejecutivo en relación con la agenda de seguridad pública y que presione a los jueces, en cualquier forma y sentido, hacia el abandono de su posición como terceros imparciales, para subordinarlos a otro objetivo,  como “agentes” de la persecución penal por ejemplo.
Hace algunos años, otra presión indebida sobre la independencia de los jueces tuvo su expresión en una amenaza explícita. El episodio nos recuerda que la independencia judicial está permanentemente bajo amenaza.
Teodoro Ribera, Ministro de Justicia de la época, expresaba sin rodeos que, para decidir nombramientos de los Jueces de Garantía, se iba a vigilar con celo la forma en que se comportaran en la concesión de las prisiones preventivas, en una inequívoca amenaza en orden a no promover en la carrera a quienes –a juicio de la autoridad política- no se ajustaran a sus requerimientos de “dureza” para denegar las solicitudes de libertad. El Ministro empujaba a los jueces a abandonar su posición de terceros imparciales y “sumarse” a la agenda de seguridad pública del gobierno, bajo amenaza de sanción.
El mensaje era clarísimo. El juez estaba notificado por la prensa que, sin perjuicio de lo que su criterio jurídico profesional estimare sobre la procedencia de reconocer el derecho que dimana de la presunción de inocencia en el análisis de cada caso, sus posibilidades de nombramiento o ascenso quedaban hipotecadas si decidía homenajear su forma de comprender la ley y su recta comprensión del caso, desatendiendo la advertencia del poder político.
El incentivo era tan claro como espurio: si Ud. juez quiere ascender, ajústese a lo que el poder de turno piensa sobre cómo resolver. Es decir, abandone su convicción y la aplicación independiente del derecho e instrumentalice el caso en pos de sus intereses de carrera. La sumisión a esta directriz –la lectura inversa era evidente- sería recompensada.
Y sumisión e independencia no se encuentran jamás.
Se trataba de una prueba de fuego para la dimensión subjetiva de la independencia de cada juzgador, un desafío a su carácter, a esa parte de la ética de la función que descansa en las virtudes personales de cada juez para el desempeño de su labor, al margen incluso de las amenazas institucionales.
Es indispensable recordar que el poder judicial en su esencia es la función pública que se expresa a través de los jueces de la forma en que mandan las leyes. Si el juez deja de hacer lo correcto, es decir, deja de resolver el caso concreto únicamente de acuerdo a su mérito y conforme la ley aplicable, la noción de un tercero imparcial desaparece y la democracia pierde una garantía esencial indispensable para que los derechos de las personas tengan vigencia. Una labor que debe cumplir incluso al margen de lo que es percibido o presentado como el “sentir” de la mayoría.
El episodio del Ministro Ribera resuena por estos días, con las mismas sombras.
El control de la legalidad de una detención es uno de los tantos mecanismos que traducen en el proceso las reglas de la democracia, aquellas que aseguran nuestras libertades. Se trata fundamentalmente de una norma propia de un Estado de Derecho. Un control indispensable del poder que despliegan los agentes policiales, no sólo cuando se enfrentan a los delincuentes (el imaginario reduccionista de estos días, gatillado por las graves noticias sobre delitos, parece solo reparar en esa dimensión de la labor), sino en las miles y miles de interacciones que se desarrollan a diario entre todas las personas y –principalmente-  Carabineros.
Así, lo vivido en estos días con ocasión de uno de esos controles, en que se critica reiteradamente a un juez por el cumplimiento de una regla del proceso penal (en una resolución que no sólo se ajusta a la norma, sino que a la línea jurisprudencial regular y reiterada de la Corte Suprema), reitera el escenario de afectación a la independencia judicial e impone una lectura en la misma clave del episodio gatillado por el Ministro Ribera hace algunos años.
Un escenario en que el Ejecutivo abusa de su posición dominante y ejerce una presión indebida sobre un juez en particular y sobre todos al mismo tiempo, pues la retórica de la crítica escala vertiginosamente, va y vuelve desde la objeción contra el juez singular, hasta la denostación de la magistratura completa.
Se deslegitima así severamente un mecanismo capital de protección de las libertades, la justicia de garantía y la dignidad de la función judicial, mientras ´-de paso- se desvía la mirada, sacándola convenientemente desde el enjuiciamiento de la responsabilidad que recae sobre la autoridad a cargo de la seguridad, en la evaluación de la eficacia de las políticas públicas de prevención y control de la delincuencia.
En esa operación, se activa deliberadamente un dispositivo de presión sobre los jueces con el objetivo de sacarlos de su labor esencial, amenazando su carrera y generando además, un severo desequilibrio en el propio proceso penal, pues quien critica y advierte, asume el papel de interviniente en la causa y genera una asimetría entre las partes, sumando a la presión sobre los jueces, una redefinición provocada del proceso específico, en que se sitúa a la defensa en posición manifiestamente desmedrada.
De allí la pertinencia que tiene formular las preguntas que encabezan esta columna, y esperar que en la decisión que corresponda ejercer en derecho al momento de la revisión de la resolución, prime la independencia en el ejercicio de la función por sobre la fuerte presión a la cual los jueces se han visto expuestos en estos días.
Por ello además cabe afirmar con determinación -en tiempos en que se anuncian cambios al sistema de nombramiento de los jueces, notarios y otras autoridades del orden judicial- que ninguna reforma podrá estimarse seria y completa, si no excluye del proceso a los agentes que afectan la independencia: el Poder Ejecutivo y el propio Poder Judicial.
Tal vez sea hora de abrir los manuales, sin dejar de analizar nuestras particularidades institucionales y mirar las soluciones que han dado otras democracias a la difícil pregunta sobre cómo garantizar la independencia de los jueces, presupuesto fundamental de la vigencia de las libertades que sustentan el régimen democrático.

Publicado en el diario “El Mostrador”, el 13 de junio de 2018.

RIVACOBA: “Balance del segundo centenario de la obra de Beccaria (1764-1969)”.




MANUEL DE RIVACOBA, “Balance del segundo centenario de la obra de Beccaria (1764-1969).
Incluido en el volumen Doctrinas Esenciales (1936-2010).
Edición dirigida por Edgardo Alberto Donna, Editorial La ley, Buenos Aires, 2010, págs. 369 a 379.

RIVACOBA: "Crisis de los sistemas penitenciarios".




Una especial contribución a un libro de homenaje.

MANUEL DE RIVACOBA, “Crisis de los sistemas penitenciarios”. En el libro Homenaje al profesor Doctor Jorge Frías Caballero, La Plata, Colegio de Abogados, 1998, págs. 293-298.

Chile, corrupción institucional hasta la médula.



Chile, corrupción institucional hasta la médula: procedimiento penal al servicio del empresariado y sus políticos, y su uso por jerarquía del Ministerio Público.

“… Gajardo le hace ver a Guerra que Moreira en la indagatoria ‘no realizó aportes de información sustanciales’ y que sólo reconoció los hechos, ‘dada la existencia de importantes, reveladores e incontrarrestables antecedentes existentes en su contra (declaraciones, documentos, correos electrónicos, etc.)’ y destaca que se negó a declarar sobre otras empresas a las que boleteó su entorno y no dio acceso a su correo. ‘La gravedad del caso, además, radica en que mediante este delito tributario se logró financiamiento para una campaña con la que consiguió nada menos que acceder al Senado de la República (…); el juicio oral es el camino que se debe seguir en nuestro concepto y no retroceder’, escribió Gajardo tras calificar la suspensión como ‘improcedente’…”. 

Pertinente reportaje es el que ahora enlazamos, sobre la conducta de custodia de la impunidad de poderosos personajes.  Y de cómo dos fiscales -obedeciendo su ética funcionaria y su conciencia- han decidido su renuncia por sobre el acatamiento a lo esencialmente ilícito.

En medio de una regulación procesal penal diseñada e instalada por la Concertación y tutelada por los Gobiernos posteriores, que permite la impunidad. Y que la cúpula del Ministerio Público ha instruido a sus fiscales interpretar de modo amplio y aplicar intensamente (es ésta la conducta que constatamos), desvirtuando fines esenciales del Derecho Penal, convirtiendo a las fiscalías en meras oficinas de transacción y componenda civil.

Abandonando el reproche y la concreción de los fines penales, que despectiva y muy convenientemente (para complacencia de sus jefaturas ligadas) aluden como meros devaneos “teóricos”, olvidando (o ignorando) que el sustrato de toda norma es la teoría, nexo y dependencia reconocido en los propios Mensajes gubernamentales, y en la historia de aquéllas.

Desde el nuevo Código Procesal Penal que aparecen estos mecanismos de “salidas alternativas”, aplicados para beneficio de sectores pudientes, empresarial y político.

Accesoriamente, resalta la hipocresía del entorno intelectual y académico vinculado a aquellos que diseñaron e hicieron aprobar tales mecanismos procesales de evasión del cumplimiento del Derecho: exhiben adornado rechazo al ahora evidente comportamiento corrupto, cuando ellos mismos integraron los regímenes que generaron la regulación para tan previsible impunidad.