1982: Cúpula estatal de la dictadura invitada a dar "cátedra" en Universidad de Valparaíso.


1982. Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

Jornadas, convocando a lo más granado de los agentes de la dictadura en el aparato del Estado.

Actividad organizada por Lautaro Ríos Álvarez.


Control de detención y presiones a los jueces. Por Álvaro Flores Monardes.


Álvaro Flores Monardes,
Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile.

¿Qué harán los jueces de Corte que revisen la decisión del Juez de San Antonio, notificados como están por el Ejecutivo -que decide sobre sus carreras en futuros nombramientos- que aquél actuó fuera del “sentido común” generando aversión de las autoridades encargadas de la seguridad pública?
¿Estarán dispuestos a instrumentalizar el caso en favor de sus propias expectativas de carrera, soslayando el mandato constitucional de prescindir de todo interés diverso al de aplicar la ley al caso concreto?
Cuando sostenidamente hemos criticado el sistema de nombramientos existente en Chile como un pésimo sistema, por afectar la independencia de los jueces, hemos sentido cierta orfandad de un caso explicativo y de connotación pública, que permitiere comprender la vinculación existente entre la función judicial, como una garantía de derechos de las personas, la relevancia de la independencia que debe ser condición esencial para su ejercicio y la forma que ésta es afectada por las autoridades políticas y judiciales.
Pues bien, el caso del control de legalidad de la detención iniciado en San Antonio, permite explicar el grave problema de la afectación externa de la independencia judicial. No es el único, pero puede aplicarse este análisis a cualquier otro que refleje, por ejemplo, algún interés especial del Ejecutivo en relación con la agenda de seguridad pública y que presione a los jueces, en cualquier forma y sentido, hacia el abandono de su posición como terceros imparciales, para subordinarlos a otro objetivo,  como “agentes” de la persecución penal por ejemplo.
Hace algunos años, otra presión indebida sobre la independencia de los jueces tuvo su expresión en una amenaza explícita. El episodio nos recuerda que la independencia judicial está permanentemente bajo amenaza.
Teodoro Ribera, Ministro de Justicia de la época, expresaba sin rodeos que, para decidir nombramientos de los Jueces de Garantía, se iba a vigilar con celo la forma en que se comportaran en la concesión de las prisiones preventivas, en una inequívoca amenaza en orden a no promover en la carrera a quienes –a juicio de la autoridad política- no se ajustaran a sus requerimientos de “dureza” para denegar las solicitudes de libertad. El Ministro empujaba a los jueces a abandonar su posición de terceros imparciales y “sumarse” a la agenda de seguridad pública del gobierno, bajo amenaza de sanción.
El mensaje era clarísimo. El juez estaba notificado por la prensa que, sin perjuicio de lo que su criterio jurídico profesional estimare sobre la procedencia de reconocer el derecho que dimana de la presunción de inocencia en el análisis de cada caso, sus posibilidades de nombramiento o ascenso quedaban hipotecadas si decidía homenajear su forma de comprender la ley y su recta comprensión del caso, desatendiendo la advertencia del poder político.
El incentivo era tan claro como espurio: si Ud. juez quiere ascender, ajústese a lo que el poder de turno piensa sobre cómo resolver. Es decir, abandone su convicción y la aplicación independiente del derecho e instrumentalice el caso en pos de sus intereses de carrera. La sumisión a esta directriz –la lectura inversa era evidente- sería recompensada.
Y sumisión e independencia no se encuentran jamás.
Se trataba de una prueba de fuego para la dimensión subjetiva de la independencia de cada juzgador, un desafío a su carácter, a esa parte de la ética de la función que descansa en las virtudes personales de cada juez para el desempeño de su labor, al margen incluso de las amenazas institucionales.
Es indispensable recordar que el poder judicial en su esencia es la función pública que se expresa a través de los jueces de la forma en que mandan las leyes. Si el juez deja de hacer lo correcto, es decir, deja de resolver el caso concreto únicamente de acuerdo a su mérito y conforme la ley aplicable, la noción de un tercero imparcial desaparece y la democracia pierde una garantía esencial indispensable para que los derechos de las personas tengan vigencia. Una labor que debe cumplir incluso al margen de lo que es percibido o presentado como el “sentir” de la mayoría.
El episodio del Ministro Ribera resuena por estos días, con las mismas sombras.
El control de la legalidad de una detención es uno de los tantos mecanismos que traducen en el proceso las reglas de la democracia, aquellas que aseguran nuestras libertades. Se trata fundamentalmente de una norma propia de un Estado de Derecho. Un control indispensable del poder que despliegan los agentes policiales, no sólo cuando se enfrentan a los delincuentes (el imaginario reduccionista de estos días, gatillado por las graves noticias sobre delitos, parece solo reparar en esa dimensión de la labor), sino en las miles y miles de interacciones que se desarrollan a diario entre todas las personas y –principalmente-  Carabineros.
Así, lo vivido en estos días con ocasión de uno de esos controles, en que se critica reiteradamente a un juez por el cumplimiento de una regla del proceso penal (en una resolución que no sólo se ajusta a la norma, sino que a la línea jurisprudencial regular y reiterada de la Corte Suprema), reitera el escenario de afectación a la independencia judicial e impone una lectura en la misma clave del episodio gatillado por el Ministro Ribera hace algunos años.
Un escenario en que el Ejecutivo abusa de su posición dominante y ejerce una presión indebida sobre un juez en particular y sobre todos al mismo tiempo, pues la retórica de la crítica escala vertiginosamente, va y vuelve desde la objeción contra el juez singular, hasta la denostación de la magistratura completa.
Se deslegitima así severamente un mecanismo capital de protección de las libertades, la justicia de garantía y la dignidad de la función judicial, mientras ´-de paso- se desvía la mirada, sacándola convenientemente desde el enjuiciamiento de la responsabilidad que recae sobre la autoridad a cargo de la seguridad, en la evaluación de la eficacia de las políticas públicas de prevención y control de la delincuencia.
En esa operación, se activa deliberadamente un dispositivo de presión sobre los jueces con el objetivo de sacarlos de su labor esencial, amenazando su carrera y generando además, un severo desequilibrio en el propio proceso penal, pues quien critica y advierte, asume el papel de interviniente en la causa y genera una asimetría entre las partes, sumando a la presión sobre los jueces, una redefinición provocada del proceso específico, en que se sitúa a la defensa en posición manifiestamente desmedrada.
De allí la pertinencia que tiene formular las preguntas que encabezan esta columna, y esperar que en la decisión que corresponda ejercer en derecho al momento de la revisión de la resolución, prime la independencia en el ejercicio de la función por sobre la fuerte presión a la cual los jueces se han visto expuestos en estos días.
Por ello además cabe afirmar con determinación -en tiempos en que se anuncian cambios al sistema de nombramiento de los jueces, notarios y otras autoridades del orden judicial- que ninguna reforma podrá estimarse seria y completa, si no excluye del proceso a los agentes que afectan la independencia: el Poder Ejecutivo y el propio Poder Judicial.
Tal vez sea hora de abrir los manuales, sin dejar de analizar nuestras particularidades institucionales y mirar las soluciones que han dado otras democracias a la difícil pregunta sobre cómo garantizar la independencia de los jueces, presupuesto fundamental de la vigencia de las libertades que sustentan el régimen democrático.

Publicado en el diario “El Mostrador”, el 13 de junio de 2018.

RIVACOBA: “Balance del segundo centenario de la obra de Beccaria (1764-1969)”.




MANUEL DE RIVACOBA, “Balance del segundo centenario de la obra de Beccaria (1764-1969).
Incluido en el volumen Doctrinas Esenciales (1936-2010).
Edición dirigida por Edgardo Alberto Donna, Editorial La ley, Buenos Aires, 2010, págs. 369 a 379.

RIVACOBA: "Crisis de los sistemas penitenciarios".




Una especial contribución a un libro de homenaje.

MANUEL DE RIVACOBA, “Crisis de los sistemas penitenciarios”. En el libro Homenaje al profesor Doctor Jorge Frías Caballero, La Plata, Colegio de Abogados, 1998, págs. 293-298.

Chile, corrupción institucional hasta la médula.



Chile, corrupción institucional hasta la médula: procedimiento penal al servicio del empresariado y sus políticos, y su uso por jerarquía del Ministerio Público.

“… Gajardo le hace ver a Guerra que Moreira en la indagatoria ‘no realizó aportes de información sustanciales’ y que sólo reconoció los hechos, ‘dada la existencia de importantes, reveladores e incontrarrestables antecedentes existentes en su contra (declaraciones, documentos, correos electrónicos, etc.)’ y destaca que se negó a declarar sobre otras empresas a las que boleteó su entorno y no dio acceso a su correo. ‘La gravedad del caso, además, radica en que mediante este delito tributario se logró financiamiento para una campaña con la que consiguió nada menos que acceder al Senado de la República (…); el juicio oral es el camino que se debe seguir en nuestro concepto y no retroceder’, escribió Gajardo tras calificar la suspensión como ‘improcedente’…”. 

Pertinente reportaje es el que ahora enlazamos, sobre la conducta de custodia de la impunidad de poderosos personajes.  Y de cómo dos fiscales -obedeciendo su ética funcionaria y su conciencia- han decidido su renuncia por sobre el acatamiento a lo esencialmente ilícito.

En medio de una regulación procesal penal diseñada e instalada por la Concertación y tutelada por los Gobiernos posteriores, que permite la impunidad. Y que la cúpula del Ministerio Público ha instruido a sus fiscales interpretar de modo amplio y aplicar intensamente (es ésta la conducta que constatamos), desvirtuando fines esenciales del Derecho Penal, convirtiendo a las fiscalías en meras oficinas de transacción y componenda civil.

Abandonando el reproche y la concreción de los fines penales, que despectiva y muy convenientemente (para complacencia de sus jefaturas ligadas) aluden como meros devaneos “teóricos”, olvidando (o ignorando) que el sustrato de toda norma es la teoría, nexo y dependencia reconocido en los propios Mensajes gubernamentales, y en la historia de aquéllas.

Desde el nuevo Código Procesal Penal que aparecen estos mecanismos de “salidas alternativas”, aplicados para beneficio de sectores pudientes, empresarial y político.

Accesoriamente, resalta la hipocresía del entorno intelectual y académico vinculado a aquellos que diseñaron e hicieron aprobar tales mecanismos procesales de evasión del cumplimiento del Derecho: exhiben adornado rechazo al ahora evidente comportamiento corrupto, cuando ellos mismos integraron los regímenes que generaron la regulación para tan previsible impunidad. 


Hipocresía del régimen chileno respecto de Venezuela.



La hipocresía en su estado más puro
(Ataque sistemático de la cúpula chilena al Gobierno de Venezuela).
Reconocemos la moderación de don Hugo Farías Moya. Ya con dos chilenos asesinados en Venezuela (eran partidarios del actual Gobierno chavista, así es que para la gran prensa y los intereses de EE.UU.  su muerte “no importa”), y otros gobiernistas quemados vivos por bandas armadas de la oposición, justificado estaría un tono aun más directo.
En esta farsa se acompañan en Chile –congruentemente- tanto el régimen de la llamada “nueva mayoría” como la extrema derecha histórica.

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La hipocresía en su estado más puro
Por Hugo Farías Moya


Leo con asombro la insólita declaración del gobierno chileno sobre el proceso electoral del domingo recién pasado en Venezuela: “Nos causa profunda decepción que el gobierno de Venezuela haya celebrado las elecciones a la Asamblea Constituyente”. Es decir están decepcionados y consternados porque en el país caribeño se hayan realizado elecciones. Como simple ciudadano chileno de a pie no deja de sorprenderme que nuestro gobierno encabezados por una Presidenta y Canciller que se dicen ser “socialistas”, tenga ese grado de destemplanza ante una nación que aún sigue apostando por la paz y no por la confrontación. Agrega nuevamente nuestro gobierno: “No reconocemos la validez de esta elección”, porque según sus palabras, esta Asamblea fue votada por el 42% de los venezolanos, es decir carece de legitimidad.
Ante esta insolente declaración hacia otro país soberano me nace comentar lo siguiente:
La mayor coincidencia es que en la última elección presidencial en Chile en 2013, votaron exactamente el 41,98% de los chilenos. Con este dato tendríamos que declarar también que el gobierno chileno no es legítimo en su origen y ustedes que nos gobiernan y que hoy ostentan un triste record de 24% de aprobación ciudadana. Es decir carecen de autoridad moral para dar recetas de democracia a otros países del mundo.
Según la declaración de nuestro gobierno el acto eleccionario de ayer: “No resuelve los problemas y desafíos políticos que enfrenta Venezuela”. Aquí me pregunto: ¿Qué actos pueden resolver los problemas del país caribeño? ¿El golpe de estado, que ha estado pidiendo la oposición? ¿O tal vez la más brutal de las opciones, la invasión por parte de Estados Unidos? ¿O acaso es opción las acciones de saqueo, destrucción y sabotaje que ha estado implicada la oposición en los últimos meses? Que ustedes como gobierno nunca han condenado.
¿Estas son las soluciones, le pregunto señora Presidenta o señor Ministro? Me conmueve el hecho de que ustedes dos vivieron y sufrieron la más aterradora dictadura que tenga memoria nuestro país, sin embargo consideran ustedes esta solución como la salida más normal a la crisis.
Ustedes hablan en nombre de los chilenos y se unen al grupo de 13 naciones del mundo que abiertamente conspiran contra el gobierno de Venezuela. Países que por cierto tienen innumerables problemas de derechos humanos y de democracia, sin embargo esto no les permite avergonzarse al intervenir en Venezuela.
Así como el gobierno chileno y no el ciudadano chileno, aclaro, se siente profundamente decepcionado por el curso de los acontecimientos en el país petrolero, yo también me declaro, al igual que millones de chilenos, profundamente decepcionado de nuestro país y de nuestra democracia. Y les doy algunos ejemplos para refrescar su amnesia colectiva.
En Chile aun nos rige la Constitución del dictador Augusto Pinochet, sin que se haya llamado a crear y participar de una nueva con el apoyo de todos los chilenos. Esta constitución ha impedido cualquier avance progresista en el país, dejando incólume la obra del dictador.
Me causa profunda decepción: Que los militares procesados por causa de crímenes en dictadura sigan libres, recibiendo atención de salud y suculentas jubilaciones, sin que ningún gobierno democrático haya puesto término a esta injusticia. Existen más de mil militares procesados, pero menos de cien de ellos cumple condena de cárcel.
Me causa profunda decepción: Que todos aquellos que hoy exigen la educación pagada y con fines de lucro, hayan estudiado gratis cuando las universidades chilenas eran estatales y de calidad. Hoy le exigen endeudarse a los jóvenes chilenos por años, hipotecando su futuro.
Me causa profunda decepción: Que la derecha obtenga un tercio de los votos, pero debido al antidemocrático sistema neoliberal controle la mitad del congreso y que sirve como tapón a cualquier conquista de la clase trabajadora. O cualquier cambio al sistema de salud o a las mejoras salariales.
Me causa profunda decepción: Que a casi treinta años el sistema previsional chileno llamado AFP siga entregando pensiones miserables y donde justamente personeros de gobierno la defienden a ultranza. Millones de personas han salido a las calles a protestar para terminar con este abuso perpetuo, sin embargo para ustedes esto es irrelevante y no aceptan la expresión democrática del pueblo chileno.
Me causa profunda decepción: Que el sistema de salud privado de Chile, llamados Isapres siga discriminando a las mujeres, a los enfermos y a los ancianos, es decir para ustedes es normal que estas instituciones abusen de los chilenos. Estas mal llamadas instituciones de salud solamente aceptan en sus registros a personas sanas y cuando estas se enferman de patologías terminales deben optar por Fonasa.
Me causa profunda decepción: Que cuando la Asamblea Nacional de Venezuela haya emitido hace años su preocupación por la represión del estado chileno en la Araucanía, ustedes, con una hipocresía mayúscula dijeron que estos hechos eran asuntos internos de Chile y nadie debía intervenir. Sin embargo ahora siendo más cínicos aun emiten declaraciones sobre el gobierno de Venezuela.
Así como a ustedes les causa profunda decepción la democracia de Venezuela a mí también me causa la misma decepción con la democracia chilena.
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