Chile: coacción político-electoral en el aparato público.














Chile: coacción político-electoral en el aparato público.

El maltrato y la coerción en la esfera laboral, sea que estén dirigidas a obligar a trabajadores a ejecutar conductas no queridas, sea que estén dirigidas a impedir que aquéllos ejerzan derechos básicos, no sólo se constata en la relación del trabajo dependiente a privados.
El ámbito público -y su vínculo funcionario- no está ajeno a ello. Coacciones y otras actividades ilícitas, que implican, por ejemplo, compeler a ejecutar acciones político-partidarias (bajo amenaza de pérdida de empleo), y coartar el ejercicio de derechos esenciales, son conductas practicadas en Chile, en órganos públicos y municipales.

Tanto FOSIS, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, como el municipio de Valparaíso, son órganos en los cuales se han perpetrado ilícitos graves, instigados, ordenados, permitidos o encubiertos por autoridades.

El ambiente o clima interno, instalado partidariamente (“tienes que pagar el haberte dado empleo”), y afianzado por estructuras funcionarias jerárquicas (además del temor a perder la fuente de trabajo), ha inducido, permitido y encubierto acciones ilícitas, lesivas, entre otros bienes, para la libertad personal y la autodeterminación. 

Ambiente o clima en que ejecutar tales comportamientos –y someterse a ellos- es o ha sido lo “normal”, lo que “debe hacerse”.

No obstante, en ocasiones el encubrimiento institucionalizado -dirigido desde lo alto de tales órganos y desde sedes partidarias que les controlan- no ha sido suficiente para ocultar totalmente tales prácticas. 

Luego de mucho esfuerzo ante la Contraloría Regional Valparaíso (que incluyó un reclamo a Santiago para que este órgano fiscalizador asumiera debidamente la investigación que postergaba), en diciembre de 2009 -después de más de tres años de la formal denuncia y concluyendo un expediente de 800 fojas- dicha entidad expidió una ilustrativa Resolución, que, por conductas de esta índole, dispone sanciones para siete personas, que abarca funcionarios tanto de FOSIS como del municipio de Valparaíso.

Implican al abogado César Barra Rozas (ex Director Regional de FOSIS), a las asistentes sociales Sandra Oyarzún Cabrera (Coordinadora V región del Programa FOSIS Puente Chilesolidario), Margarita Gaete Vargas (exDirectora de Desarrollo Comunitario, DIDECO, de la Municipalidad de Valparaíso), Marisol Rubiño Fuentes (Jefa del Departamento de Desarrollo y Promoción Social de dicho municipio), y al también asistente social Sergio Rondanelli Gajardo (ex Jefe de la Unidad Puente Chilesolidario de la misma Municipalidad).

Igualmente, se comprobó participación en variadas actividades de la asistente social Danitza Roa Santos, ex Coordinadora para la provincia de Valparaíso del citado Programa.

Se requirió sanciones –también- para otros dos funcionarios (provincial y regional), pero por hechos diversos.

Como se ve, varios son asistentes sociales, cuya labor opera con el estrato más modesto y vulnerable de la población. 

Otra persona es abogado. Practicando una defensa -ante Contraloría- que albergó imputaciones falsas. Con patrocinio ejercido por el abogado Claudio Cruz Tapia. 
En 2014 fue designado Gobernador de una provincia de la V región, esto es, encargado del área Orden público y supervigilancia de la correcta actividad de los servicios estatales de la misma.
 
Pero, incluso recurriendo a los señalados métodos, y con el respaldo y la acción de la entonces -años 2006 a 2009- todopoderosa Concertación (hoy “Nueva Mayoría”), no pudieron convencer. La Resolución final de Contraloría dejó clara la historia.