Corte Suprema de Chile y el nuevo proyecto gubernamental que lesiona garantías básicas.





Corte Suprema de Chile y el nuevo proyecto gubernamental que lesiona garantías básicas.

Prevencionismo arbitrario, estigmatización, perseguir –en otros, los más vulnerables- lo que se es y no lo que se hace, etiquetamiento de sectores explotados, propagar sospecha y desconfianza hacia los más débiles (con la colaboración de medios de prensa y TV, y periodistas torcidos), fortalecer la tutela de los intereses del gran empresariado y de la banca, cinismo, hipocresía, obedecer al grupo mercurial golpista autodenominado Paz Ciudadana, que formó a la ministra de justicia Javiera Blanco, designada y reafirmada por Bachelet; acentuar el quiebre axiológico de una legalidad penal y procesal ya vulnerada en sus principios, disfrazando –bajo la apariencia de interés “ciudadano”- la tutela de  intereses de grupos económicos que la sostienen.
Por otra parte, profundizar la desfiguración de la esencia y rol –en una sociedad democrática- de Carabineros y de las Fuerzas Armadas.
Bajo el slogan del “consenso” –cupular-, expresión engañosa, que en los hechos significa que sólo se puede hacer lo que la minoría desea; consenso para continuar el latrocinio institucionalizado, ejecutado y legitimado políticamente: proteger y encubrir al gran empresariado mientras se criminaliza el disenso político y social.
Es la Corte Suprema de Chile la que hoy hace presente algunos de los vicios del nuevo proyecto gubernamental de modificación procesal penal; con un voto en contra, el de Rosa Egnem, favorable al proyecto Bachelet “en todas sus partes”, cuya historia funcionaria en dictadura lesiona directa y gravemente el Derecho; e impune.
Particularmente interesante resulta el informe –adicional- suscrito por los ministros Juica, Kunsemüller, Brito, Cerda, y el suplente, sr. Miranda (págs. 5 y ss.).
Más aun, el mismo Informe devela (en su pág. 8, nota 6), que en los tres últimos lustros ya se han dictado tres leyes que restringen las facultades de los tribunales chilenos: 19.789, de 2002, 19.942, de 2004, y 20.253, de 2008, irónicamente, todas originadas y potenciadas en y por gobiernos de la llamada Concertación.
Añádase al proyecto ahora promovido por el gobierno Bachelet (con sus partidos y el apoyo entusiasta de  la  derecha tradicional), sus otras iniciativas normativas, tal como la modificación de la mal llamada ley “antiterrorista”, para dejar clara su voluntad de destruir garantías de derechos fundamentales.




"No en nombre de Allende ni del Socialismo" (sobre el golpismo en Venezuela y sus partidarios chilenos).



"No en nombre de Allende ni del Socialismo" (el golpismo en Venezuela y sus partidarios chilenos).


Escribe Pablo Sepúlveda Allende, médico, nieto del Presidente Salvador Allende. Caracas, 19 de septiembre del 2015


Inaceptables y dolorosas son las declaraciones de la Presidenta del Partido Socialista de Chile en contra de la condena de Leopoldo López, dirigente opositor declarado culpable por incitación a la violencia y otros delitos enmarcados en un plan declaradamente sedicioso llamado “La Salida” (*) que condujo a una fuerte ola de violencia callejera de tendencia fascista que duró varios meses y que costó la vida de 43 seres humanos además de millonarias pérdidas materiales.
Declaraciones tan desafortunadas como desinformadas en que la senadora, hija de Salvador Allende dice: “no logro entender que un opositor que haga una acción que no tiene ninguna violencia, que manifiesta su opinión crítica a un gobierno pueda ser encarcelado". ¿Cómo leer, como entender dichas afirmaciones teniendo en cuenta la historia reciente de Chile, su historia personal y nuestra propia historia familiar? Historia que fue marcada justamente por este tipo de violencia desenfrenada y llena de odio.
El condenado dirigente político Leopoldo López hizo un llamado abierto y público, claramente dirigido a la insurrección, “al alzamiento”, a “permanecer en las calles hasta lograr la salida del gobierno”, “hasta que logremos sacar a quienes nos están gobernando”; que como decíamos condujo a unos meses de violencia política que buscaba el derrocamiento de un gobierno legítimo y con gran apoyo ciudadano ¿Como decir entonces que la acción premeditada del sedicioso plan “La Salida” es “una acción que no tiene ninguna violencia”, que solo “manifiesta su opinión crítica a un gobierno”?
Peor aún ¿cómo calificar a López de “preso de conciencia” cuando además de lo referido fue uno de los protagonistas más visibles y violentos de la represión del régimen golpista que derrocó por 48 horas a Hugo Chávez el año 2002?
¿Por qué hacer semejantes y desafortunadas declaraciones, tan reduccionistas, tan desinformadas, tan doble estándar “a nombre personal” y “como Presidenta del Partido Socialista de Chile”?, sabiendo perfectamente que la que habla es la hija de Salvador Allende.
¿Porqué hablar de Leopoldo López y callar sobre las múltiples crímenes y atrocidades que se cometen a diario en nombre de la supuesta lucha antiterrorista, la democracia y la libertad?
Creo que hay respuestas más de fondo y que tienen que ver con lo ideológico, sobre conceptos sobre el Socialismo y el Neoliberalismo, etc.
Pero en este caso, sobre todo se evidencia un doble estándar cuando se habla de Democracia y Derechos Humanos, cuando hay una valoración y un juicio condenatorio a priori al hablar de estos temas en los casos de Venezuela y Cuba, y cuando por otro lado no se dice nada, no se señala, no se condenan por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel contra el Pueblo Palestino, las fosas comunes del Uribismo en Colombia, las torturas en la cárcel de Guantánamo, la terrible desaparición de 43 estudiantes normalistas en México hace un año.
¿Por qué el silencio ante los Presos Políticos Mapuche, el asedio y represión brutal a las Comunidades Mapuche por parte del gobierno que representa? ¿O simplemente las guerras genocidas promovidas y auspiciadas por el gobierno de los EEUU en el mundo? Ahí no hay denuncias, solo hay silencio.
Por otro lado está lo pragmático de la política, el desviar la atención de los problemas internos; cuando el gobierno de Chile está pasando sus peores momentos en términos de legitimidad ante la ciudadanía, cuando la clase política está valorada de forma tan negativa, cuando los escándalos de la corrupción estructural de la política en Chile (si, de ese Chile supuestamente tan incorruptible) salen a la luz.
La llamamos corrupción estructural e inmoral (y de cierta forma hasta “legalizada” en la actual Constitución heredada de Pinochet), porque ahora se sabe hasta qué niveles se ha prostituido la política ante el poder económico de las grandes empresas, de las familias más poderosas, de las grandes fortunas económicas que financian las campañas de los políticos en todos los niveles y en casi todos los sectores y casi a todos los partidos políticos.
Pero lo peor y más inmoral, es cuando empresas expoliadas y enajenadas al Estado chileno durante la dictadura pinochetista, empresas estratégicas que fueron entregadas, por ejemplo al entonces yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y quien a través de la empresa Sociedad Química Minera de Chile (SOQUIMICH) aparece entregando millonarias sumas de dinero a campañas de políticos de los partidos del actual gobierno, incluyendo gente del Partido Socialista, el mismo partido que fundara Salvador Allende, gente como el senador Fulvio Rossi (que incluso se entrevistó con Enrique Capriles en su última visita a Chile), y quien ha sido llamado a declarar por boletas facturadas a la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet.
Asimismo con Milton Lee Guerrero, ex tesorero del Partido Socialista.
Por otro lado está gente como Enrique Correa, importante dirigente político durante el Gobierno de la Unidad Popular y que ahora es notorio lobbysta de la Consultora Imaginación que le ha hecho asesorías a SOQUIMICH, al grupo Penta y al grupo Luksic, todos grupos económicos financistas de la política chilena y que además en absoluta incoherencia ideológica y ética, es Vice-Presidente de la Fundación Salvador Allende…
Por último, no se puede dejar de comentar sobre las declaraciones de Felipe González, para quien “Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que Maduro”. Opiniones como estas son un real insulto a los derechos humanos y a la historia, un insulto a las millones de víctimas de las dictaduras latinoamericanas.
Estas declaraciones se enmarcan en la misma campaña internacional contra Venezuela, de la cual desafortunadamente se ha hecho eco la senadora Isabel Allende.
Esto no es casualidad, porque el señor Felipe González y el PSOE son el referente ideológico del Partido Socialista de Chile de pos-dictadura. Cabe preguntarle a la dirección del Partido Socialista de Chile, que sufrió en carne propia los horrores y las atrocidades de la dictadura pinochetista, si está de acuerdo con que semejante camaleón político, que con estas declaraciones mostró sin vergüenza su falta total de ética, siga siendo su mentor político.
Pablo Sepúlveda Allende.
(*) El plan ‘La Salida’ derivo directamente en las protestas violentas, las llamadas “guarimbas”, que azotaron varias ciudades de Venezuela durante más de dos meses donde el odio político se apoderó de sectores importantes de la oposición; sólo con mencionar que en muchos sectores sociales donde se realizaban las guarimbas, en postes y semáforos se colgaban del cuello a muñecos vestidos de rojo, en alusión a los simpatizantes del chavismo; también hubo mucho hostigamiento y amenaza a las familias que reconocían como simpatizantes del gobierno en los sectores donde predomina la oposición, por lo demás sectores siempre de clase media alta o alta.

RIVACOBA: LAS IDEAS PENALES DE BLASCO IBÁÑEZ.





















Hermoso regalo del doctorando Juan Pablo Castillo Morales: de Manuel de Rivacoba, Las ideas penales de Blasco Ibáñez, con Prólogo de Luis Jiménez de Asúa.

Manuel de Rivacoba vino a la Argentina hace cinco años. Había purgado en España una larga condena por defender la libertad, reclusión política que, por ser un honor, muchos debieran envidiarle.
Traía dos títulos académicos: licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Derecho con una tesis –por desgracia, inédita aún- sobre penología y preceptiva penitenciaria. Pocos podrán escribir como él escribir sobre este tema…”.

“PARA CONVIVIR ES PRECISO VIVIR”. RIVACOBA, COCULPABILIDAD PENAL Y LA SITUACIÓN CHILENA.



Para convivir es preciso vivir”. Rivacoba, Coculpabilidad penal y la situación chilena.

Este 9 de septiembre de 2015 Manuel de Rivacoba cumple 90 años.

Y es que, aunque él ya no esté en carne y hueso, su obra continúa latiendo. Por ejemplo, en las áreas de culpabilidad y de pena.

En una circunstancia personal allá por el año 1990 (que retrata bien su calidad humana y que en otro momento describiremos), nos expresó una significativa frase: Para convivir es preciso vivir. Pertinente para abordar un tema de actualidad en Chile.

Y es que la recriminación, reproche o enjuiciamiento crítico, recogido y amplificado por la prensa escrita y de TV., que hoy se concentra sobre la delincuencia contra los derechos patrimoniales extraída de sectores pobres (enfoque que no proyecta hacia la más lesiva), deja de lado –convenientemente para sectores privilegiados- los factores o circunstancias que han conducido (en mayor o menor grado) a ello.

Alguien dijo que “cada sociedad tiene los delincuentes que se merece”. Que puede ser tan “culpable” como lo son los ejecutores directos. Que, en Chile, mientras exhibe –y ostenta- en medios de prensa y de publicidad cómo algunos viven en la opulencia, otros -tan personas como ellos- deben observarlos bajo el hambre y la miseria familiar. 

Aunque brevemente, pero valorando su importancia mayor, Rivacoba refirió la coculpabilidad en varios textos; entre otros, Elementos de Criminología (1982), y Función y aplicación de la pena (1993). Insistamos en la especial trascendencia que le reconoció, al grado que en esta última obra (pág. 98), plantea: “es preceptivo descargar del juicio de reproche, al formularlo, los condicionamientos e insuficiencias sociales que lastran la per­sonalidad y reducen su capacidad de autodeterminación, lo cual ha de repercutir en una menor desvaloración o desaprobación del delito ejecutado y, congruentemente, en una aminoración, dentro de los límites que correspondan, de la pena. Mas aclaremos que en un entendimiento co­rrecto y cuidadoso de la culpabilidad y, por consiguiente, en una formulación adecuada y exacta del juicio de re­proche, esto se debe hacer igual aun en los ordenamientos que ninguna mención contengan, explícita ni implícita, del referido concepto”.