Corte Suprema de Chile y el nuevo proyecto gubernamental que lesiona garantías básicas.





Corte Suprema de Chile y el nuevo proyecto gubernamental que lesiona garantías básicas.

Prevencionismo arbitrario, estigmatización, perseguir –en otros, los más vulnerables- lo que se es y no lo que se hace, etiquetamiento de sectores explotados, propagar sospecha y desconfianza hacia los más débiles (con la colaboración de medios de prensa y TV, y periodistas torcidos), fortalecer la tutela de los intereses del gran empresariado y de la banca, cinismo, hipocresía, obedecer al grupo mercurial golpista autodenominado Paz Ciudadana, que formó a la ministra de justicia Javiera Blanco, designada y reafirmada por Bachelet; acentuar el quiebre axiológico de una legalidad penal y procesal ya vulnerada en sus principios, disfrazando –bajo la apariencia de interés “ciudadano”- la tutela de  intereses de grupos económicos que la sostienen.
Por otra parte, profundizar la desfiguración de la esencia y rol –en una sociedad democrática- de Carabineros y de las Fuerzas Armadas.
Bajo el slogan del “consenso” –cupular-, expresión engañosa, que en los hechos significa que sólo se puede hacer lo que la minoría desea; consenso para continuar el latrocinio institucionalizado, ejecutado y legitimado políticamente: proteger y encubrir al gran empresariado mientras se criminaliza el disenso político y social.
Es la Corte Suprema de Chile la que hoy hace presente algunos de los vicios del nuevo proyecto gubernamental de modificación procesal penal; con un voto en contra, el de Rosa Egnem, favorable al proyecto Bachelet “en todas sus partes”, cuya historia funcionaria en dictadura lesiona directa y gravemente el Derecho; e impune.
Particularmente interesante resulta el informe –adicional- suscrito por los ministros Juica, Kunsemüller, Brito, Cerda, y el suplente, sr. Miranda (págs. 5 y ss.).
Más aun, el mismo Informe devela (en su pág. 8, nota 6), que en los tres últimos lustros ya se han dictado tres leyes que restringen las facultades de los tribunales chilenos: 19.789, de 2002, 19.942, de 2004, y 20.253, de 2008, irónicamente, todas originadas y potenciadas en y por gobiernos de la llamada Concertación.
Añádase al proyecto ahora promovido por el gobierno Bachelet (con sus partidos y el apoyo entusiasta de  la  derecha tradicional), sus otras iniciativas normativas, tal como la modificación de la mal llamada ley “antiterrorista”, para dejar clara su voluntad de destruir garantías de derechos fundamentales.