Corte Suprema de Chile y el nuevo proyecto
gubernamental que lesiona garantías básicas.
Prevencionismo arbitrario, estigmatización, perseguir –en otros,
los más vulnerables- lo que se es y no lo que se hace, etiquetamiento de sectores
explotados, propagar sospecha y desconfianza hacia los más débiles (con la
colaboración de medios de prensa y TV, y periodistas torcidos), fortalecer la
tutela de los intereses del gran empresariado y de la banca, cinismo,
hipocresía, obedecer al grupo mercurial golpista autodenominado Paz Ciudadana,
que formó a la ministra de justicia Javiera Blanco, designada y reafirmada
por Bachelet; acentuar el quiebre axiológico de una legalidad penal y procesal ya
vulnerada en sus principios, disfrazando –bajo la apariencia de interés “ciudadano”- la tutela de intereses de grupos económicos que la sostienen.
Por otra parte, profundizar la desfiguración de la
esencia y rol –en una sociedad democrática- de Carabineros y de las Fuerzas Armadas.
Bajo el slogan del “consenso” –cupular-, expresión engañosa, que en los hechos
significa que sólo se puede hacer lo que la minoría desea; consenso para continuar el latrocinio institucionalizado, ejecutado
y legitimado políticamente: proteger y encubrir al gran empresariado mientras
se criminaliza el disenso político y social.
Es la Corte Suprema de Chile la que hoy hace
presente algunos de los vicios del nuevo proyecto gubernamental de modificación
procesal penal; con un voto en contra, el de Rosa Egnem, favorable al proyecto
Bachelet “en todas sus partes”, cuya historia
funcionaria en dictadura lesiona directa y gravemente el Derecho; e
impune.
Particularmente interesante resulta el informe –adicional-
suscrito por los ministros Juica, Kunsemüller, Brito, Cerda, y el suplente, sr.
Miranda (págs. 5 y ss.).
Más aun, el mismo Informe devela (en su pág. 8,
nota 6), que en los tres últimos lustros ya se han dictado tres leyes que restringen
las facultades de los tribunales chilenos: 19.789, de 2002, 19.942, de 2004, y
20.253, de 2008, irónicamente, todas originadas y potenciadas en y por gobiernos
de la llamada Concertación.
Añádase al proyecto ahora promovido por el gobierno
Bachelet (con sus partidos y el apoyo entusiasta de la derecha tradicional), sus otras iniciativas
normativas, tal como la modificación de la mal llamada ley “antiterrorista”, para dejar clara su voluntad
de destruir garantías de derechos fundamentales.