Chile: coacción político-electoral
en el aparato público.
El maltrato y la coerción en la
esfera laboral, sea que estén dirigidas a obligar a trabajadores a ejecutar conductas
no queridas, sea que estén dirigidas a impedir que aquéllos ejerzan derechos
básicos, no sólo se constata en la relación del trabajo dependiente a privados.
El ámbito público -y su vínculo funcionario- no está ajeno a ello. Coacciones y
otras actividades ilícitas, que implican, por ejemplo, compeler a ejecutar acciones
político-partidarias (bajo amenaza de pérdida de empleo), y coartar el
ejercicio de derechos esenciales, son conductas practicadas en Chile, en órganos
públicos y municipales.
Tanto FOSIS, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, como el municipio de Valparaíso, son órganos en los
cuales se han perpetrado ilícitos graves, instigados, ordenados, permitidos o
encubiertos por autoridades.
El ambiente o clima interno, instalado
partidariamente (“tienes que pagar el
haberte dado empleo”), y afianzado por estructuras funcionarias jerárquicas
(además del temor a perder la fuente de trabajo), ha inducido, permitido y
encubierto acciones ilícitas, lesivas, entre otros bienes, para la libertad
personal y la autodeterminación.
Ambiente o clima en que ejecutar tales
comportamientos –y someterse a ellos- es o ha sido lo “normal”, lo que “debe hacerse”.
No obstante, en ocasiones el
encubrimiento institucionalizado -dirigido desde lo alto de tales órganos y
desde sedes partidarias que les controlan- no ha sido suficiente para ocultar totalmente
tales prácticas.
Luego de mucho esfuerzo ante la Contraloría Regional
Valparaíso (que incluyó un reclamo a Santiago para que este órgano fiscalizador
asumiera debidamente la investigación que postergaba), en diciembre de 2009 -después
de más de tres años de la formal denuncia y concluyendo un expediente de 800
fojas- dicha entidad expidió una ilustrativa Resolución, que, por conductas de
esta índole, dispone sanciones para siete personas, que abarca funcionarios
tanto de FOSIS como del municipio de Valparaíso.
Implican al abogado César Barra
Rozas (ex Director Regional de FOSIS), a las asistentes sociales Sandra Oyarzún
Cabrera (Coordinadora V región del Programa FOSIS Puente Chilesolidario),
Margarita Gaete Vargas (exDirectora de Desarrollo Comunitario, DIDECO, de la
Municipalidad de Valparaíso), Marisol Rubiño Fuentes (Jefa del Departamento de
Desarrollo y Promoción Social de dicho municipio), y al también asistente
social Sergio Rondanelli Gajardo (ex Jefe de la Unidad Puente Chilesolidario
de la misma Municipalidad).
Igualmente, se comprobó
participación en variadas actividades de la asistente social Danitza Roa Santos,
ex Coordinadora para la provincia de Valparaíso del citado Programa.
Se requirió sanciones –también- para
otros dos funcionarios (provincial y regional), pero por hechos diversos.
Como se ve, varios son asistentes
sociales, cuya labor opera con el estrato más modesto y vulnerable de la
población.
Otra persona es abogado. Practicando una defensa -ante
Contraloría- que albergó imputaciones falsas. Con patrocinio ejercido por el
abogado Claudio Cruz Tapia.
En 2014 fue designado Gobernador de una
provincia de la V región, esto es, encargado del área Orden público y supervigilancia de la correcta actividad de los servicios estatales de la
misma.
Pero, incluso
recurriendo a los señalados métodos, y con el respaldo y la acción de la entonces -años
2006 a 2009- todopoderosa Concertación
(hoy “Nueva Mayoría”), no pudieron convencer. La Resolución final de
Contraloría dejó clara la historia.