Espacio para el Derecho, sus relaciones y circunstancias.
CHILE 2019: JUSTICIA DE CLASE.
Chile 2019:
Justicia de clase.
"La
ley tiende a favorecer o a castigar menos aquellos delitos de
corrupción, de fraude, y que son procesos larguísimos en que esas
personas o les ofrecen una salida, terminan absueltos o con penas
ridículas".
"Mi
opinión es que esos casos terminaron de la peor manera, casi como un
'perdonazo' general para todos los que cometieron esos hechos tan
graves".
"Hay
una sensación de la gente, bien fundada, que hay dos justicias y que
aquella persona que tiene más recursos y que tiene más
posibilidades de defensa, tiene mayor seguridad de que la sanción no
le va a llegar de la manera en que está prevista por la ley. Y a los
que tienen menos recursos, bueno, a ellos se les aplica la ley, a
ellos se les aplica la ley como debe ser, porque han cometido un
delito y la ley dice qué pena tiene ese delito".
Milton
Juica Arancibia.
En
Chile los poderosos no cometen “delitos”; sólo incurren en meros
“errores” o simples “equivocaciones”, cuya
consecuencia legal-judicial (pena, sanción concreta) hoy envuelven
multas y clases de ética, medidas
risibles si no fuese -entre otros datos- por su efecto provocador
colectivo.
Como
un factor que sustenta tal realidad, se ubica el elenco de mecanismos
normativos destinados a la impunidad empresarial, insertos en el
Código procesal, cuyos autores, vinculados al capital, confesaron en
el propio Mensaje presidencial de dicho cuerpo legal el anhelo de
tutelar al régimen económico (y, por tanto, a sus beneficiarios); e
incorporaron las denominadas salidas alternativas: entre otras, las
suspensiones condicionales al arbitrio del fiscal (aun
con rechazo de la víctima-querellante), y forzados acuerdos
reparatorios cuyo precio (ellos saben bien que, para otros, la
necesidad de sobrevivir tiene precio) es la impunidad para los
hechores.
Ilustrativa
y actualísima es una escena de “Historia de dos ciudades”, de
Charles Dickens: aquella en que el carruaje del marqués corre a gran
velocidad por una callejuela, y atropella y mata a un niño:
“-
Es extraordinario que no sepáis cuidar de vuestros hijos y de
vosotros mismos.
Siempre
hay alguno en el camino de mi carroza. ¿Cómo puedo estar seguro de
que no habéis hecho daño a mis caballos? ¡Dadle eso!
Sacó
una moneda de oro que entregó al criado, y todas las miradas
estuvieron atentas cuando caía.”.
….
-
¿No les ha ocurrido nada a los caballos?
Y
sin dignarse mirar por segunda vez a la gente que se había reunido,
el señor marqués se reclinó de nuevo en su asiento y se alejó,
como si hubiera causado un ligero estropicio y lo pagara
generosamente...”.
En
Chile, el homicidio culposo (arts. 490 y 492 del Código penal)
también puede ser impune mediante la voluntad del fiscal, o por
tales acuerdos.
Los
órganos estatales vinculados a la Justicia -no sólo aquellos que
ejecutan la interpretación y aplicación a casos concretos, sino,
además, aquellos que generan la normativa y que dirigen la
persecución penal- no hacen Justicia.
Añádase
el batallón de operadores del empresariado incrustados en el Estado.
La
“colaboración” académica y su dependencia empresarial.
Retrotrayendo
al siglo XIX.
Mención
aparte exigen las voluntades académicas que día a día alimentan en
la mentalidad estudiantil los intereses, ambiciones y concepción del
mundo de dicho sector social.
Y
que ahora suma a profesores del área ingenieril para crear,
según ellos, textualmente,
“modelos
matemáticos e ingenieriles que permiten predecir la forma de operar
de los delincuentes…”,
y
que
“analizan,
entre otras aplicaciones, la conducta del delincuente y los patrones
escondidos en los procesos de actividad criminal. CEAMOS está
integrado por profesores de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile, de la Universidad Adolfo
Ibáñez, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de
Concepción...”.
Pomposa
imagen
pero cuya
labor
resulta parcial, sesgada y tendenciosa, alimentando la estigmatización o
etiquetamiento social (y la mantención del statu quo
estructural económicosocial), mediante sus contenidos e iconografía:
ausencia de referencias a la delincuencia empresarial y de cuello y
corbata; para ellos, la “delincuencia” sería marca
exclusiva o propia del pobre (robos, hurtos y homicidios callejeros).
De antología son publicaciones al alero de universidades públicas,
y privadas estrechamente ligadas al interés patronal (lo es CEAMOS,
“Centro de análisis y modelamiento en seguridad”). Y que
no suministran datos sobre la delincuencia político-empresarial
(conocida en los últimos años); ni sobre los numerosos y
reincidentes homicidios culposos generados empresarialmente por su
afán de lucro, en accidentes laborales, rápidamente silenciados
mediante “acuerdos reparatorios” impulsados por el
Ministerio Público, y cuyo efecto -y condición para su recepción
por los familiares de las víctimas-, es la impunidad total de los
hechores.
Alta
ignorancia, y desdén institucional.
Acierta
el exministro Juica: largos procesos que -previsiblemente para el
normador que la generó- sólo pueden ser enfrentados y financiados
por los poderosos…
Constatación
que días después no logró ser desmentida por Lamberto Cisternas,
quien, intentando restar fundamento a lo planteado por Juica, invocó
la tarea de la Defensoría Penal Pública, olvidando que dicha
entidad nada puede hacer frente a que fiscalías y tribunales
ejecuten mecanismos procesales fabricados para operar aun con
objeción de la parte defensora.
Y
se olvida que la cabeza del Ministerio Público fue acusada
constitucionalmente, precisamente por sus vínculos con partes
político-empresariales
involucradas judicialmente, y por su preocupación en diligenciar
procesos que involucran a parlamentarios. La Corte Suprema (sus 17
miembros) no pudo desvirtuar la veracidad de tales acusaciones; en
tono desdeñoso (tal vez porque los
parlamentarios acusadores no son parte del establishment,
clase dirigente integrante del statu
quo;
y sus abogados no
integran el círculo
sociolaboral del poder) se bajó el perfil a la entidad y
gravedad (jurídica) de las conductas contenidas en el libelo
acusatorio.
Desdén
inocultable, que proyecta una idea de cómo se piensa: algo así como que estos “...rotos ignorantes, no saben cómo funciona el sistema; qué se han creído, necesitan una lección
respecto de cómo funciona la sociedad...”
(osea, unos arriba y otros abajo).
Métodos
interpretativos, y fallos que confiesan a sus autores.
La
selección de métodos de interpretación (y la elevación de meros
criterios a principios jurídicos) parece adecuarse según la
ocasión y el interés empresarial. Curioso fallo es el que confirma
la nulidad -evacuada por la Corte de Santiago- de la sentencia de un
Juzgado Laboral que tuteló derechos fundamentales. Aquí, la cuarta
sala de la Corte Suprema confirmó la nulidad resuelta por la Corte
santiaguina, validando la interceptación y apertura patronal de
mensajería electrónica de una trabajadora de la empresa CADEM;
sentenció utilizando la técnica Alexy por sobre principios
laborales y el derecho constitucional a la inviolabilidad de la
correspondencia.
Ahora,
sus fallos sirven para verter particulares prejuicios y animadversión
político-partidaria: otro fallo, esta vez evacuado por una sala de
la Corte de Santiago, asignando legalidad a un reportaje del
Canal 13 que -tendenciosamente- asignó roles político-partidarios e
involucró a un grupo de estudiantes secundarios.
Agréguese
la selección
clasista incluso en la operación
del mecanismo de prisión preventiva, como lo acredita el reciente
estudio “Discriminación e impacto negativo de la prisión
preventiva en la vida de las personas” (Instituto de Sistemas
Complejos de Ingeniería, ISCI, Santiago, 2018).
El
rol del Tribunal Constitucional (de sus miembros, ubicados mediante
“consenso” por el duopolio senatorial), ni siquiera merece
mención que no sea anotar su subordinación a los intereses
empresariales… Su rol de instrumento al servicio de éstos es nítido
y pleno.
La
“colaboración” legislativo-gubernamental y administrativa.
Súmese
a ello las facultades excluyentes entregadas a quienes controlan
aparatos oficiales ajenos al Ministerio Público, para impulsar
investigaciones penales respecto de no pocos delitos de lesión
económicosocial; como lo son -ahora- no sólo la Fiscalía Nacional
Económica y el Servicio de Impuestos Internos, sino, además y entre
otros, quienes manejan el Servicio Electoral (de conocida militancia
en corrientes conservadoras).
Y
la atenuación del rol fiscalizador estatal hacia la gran empresa,
no sólo limitando su actividad, obligaciones e instrumentos de
acción (caso del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC), sino,
desde un comienzo,
atenuando sus
denominaciones: de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
a mera y simple Comisión
para el Mercado Financiero.
Pero
es
el mandato de
sus patrones:
amparar el régimen económico, cerrando puertas al cambio social.
"...Necesitamos ver más allá del simple acto...". Coculpabilidad...
“Víctima
y victimario dañados por una sociedad que vulnera derechos, que no
garantiza lo básico, que excluye, que mal educa con una escuela
podrida por la selección, el mérito y la estandarización. Un
modelo de sociedad clasista, individualista e intolerante que está
destruyendo día a día lo poco que nos queda. Se llama capitalismo
neoliberal, conservador, patriarcal y oligárquico y es administrado
por sus propios dueños, o por sus empleados en versión
fanática-integrista o en versión progre...”.
(José Miguel).
“...Necesitamos ver más
allá del simple acto...”.
“...Wow,
él es Sebastián, lo conocí hace años cuando él era sólo un niño
que quería olvidar su entorno aunque fuera unos minutos.. Vivía a
un lado del galpón que administré y fue centro deportivo cultural,
incluso gracias a él tuvimos luz al comienzo. Mis amigos y yo vimos
su situación y tratamos de ayudar y apoyar... Es un niño abandonado
de un padre ausente y una madre alcohólica. Muchas veces lo vi
llorar porque trataba de levantar a su madre que yacía tumbada en
cama, producto del alcohol. Varias veces ni siquiera tenía para
comer... Le enseñamos a andar en Skate... A hacer deporte a tocar
instrumentos... Le dimos ropa y hasta comida... Él estaba cambiando
y se veía una persona que sí quería salir adelante... Un día nos
cerraron ese sitio y no se pudo continuar el proyecto... Para la
Municipalidad ya no eramos más que jóvenes arriba de una
patineta... A Sebastián lo dejamos de ver como antes lo hacíamos
hasta que en los años lo volvimos a ver... Pero era otro... El vivía
en la calle... Se había vuelto punk y andaba ya metido en temas de
violencia... Él sólo trataba de encajar en un grupo... Ser aceptado
y sentir el cariño o apoyo que nunca tuvo en su familia...
Luego
la calle... La droga... El vicio lo llevó a otros caminos... Como el
que vemos hoy! NO JUSTIFICO SU ACTUAR pero a veces tenemos que ver
más allá de sólo el acto y darnos cuentas que esa persona
homofóbica y delincuente como lo tachó la sociedad no es nada más
que otra víctima de una vida injusta, una vida a la que él no pidió
venir... Él sufrió la discriminación, la violencia y el abandono
alrededor de toda su vida... Y paradójicamente son los mismos hechos
de violencia y discriminación los que le pasaron la cuenta y hacen
que vaya a la cárcel.
NO
digo que no merece ir a la cárcel... Cada acción tiene su reacción
y consecuencia...
Pero
insisto, necesitamos ver más allá del simple acto... Creo que acá
todos son víctimas de una u otra forma...”.
Ozkar
Peralta Martínez.
Santiago,
11 de marzo de 2019.
FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA, 23 DE FEBRERO DE 2019.
Escenas
de lo que realmente ocurrió el pasado 23 de febrero en el puente
fronterizo colombo-venezolano, no difundido por la prensa empresarial
y gubernamental latinoamericana, de la cual ya es costumbre
hipocresía y engaño.
Individuos
en el sector colombiano preparando bombas molotov minutos antes de
incendiar camiones, estando allí la Policía colombiana y su
Dirección de Inteligencia…
Desde
sector colombiano, sujetos situados al lado de camiones lanzan bombas
molotov hacia funcionarios de Guardia Nacional de Venezuela (CPNB).
LOS PSIQUIATRAS DE FRANCO
Sus
métodos, ideología y tratamientos parecían más destinados al
castigo de los "rojos" y "los otros" que a la
prevención y curación de enfermos.
Enrique González Duro, uno de los más destacados psiquiatras españoles, ha buceado en archivos, removido documentación y analizado los textos doctrinales de sus colegas franquistas con el fin de sacar a la luz el comportamiento profesional y personal de una parte esencial de la psiquiatría oficial.
El resultado es un libro estremecedor.
Un riguroso trabajo que desvela aspectos, hasta ahora desconocidos, de la barbarie clínica cometida contra los perdedores.
El manicomio seguía siendo el eje fundamental de la asistencia pública y referente para el orden social, pero fue convertido en una institución de orden y para el orden.
Lo importante era el mando único y la disciplina patriótica del personal facultativo, auxiliar y religioso, para controlar permanentemente al enfermo internado, considerado como un peligroso enemigo, dispuesto siempre a la fuga y tratado menos como paciente que como objeto de la disciplina y del «merecido castigo».
Chile: abuso, corrupción y desigualdad.
“Creo que se equivocan los que piensan que el rechazo social frente a la muerte de Camilo Catrillanca se debe simplemente a la empatía con lo mapuche y por lo mapuche.
El nivel de la reacción social frente a la muerte de Catrillanca tiene que ver con la empatía dolorosa que nos produce el abuso de poder y la desigualdad a la que estamos constantemente expuestos todos.
En el contrato que firmamos, en el acuerdo inicial, cuando empezamos este juego social, se nos habló de igualdad frente a la ley, se nos dijo que nadie era mejor que otro, se nos insistió que el país es para todos. La palabra JUSTICIA, lo justo para cada cual, era uno de los principios sagrados.
Sin embargo, los ciudadanos tenemos que ver TODOS LOS DÍAS, como se manipula el tablero, como se esconden las piezas, como somos engañados y pasados por el aro cada día. Cuando el hijo de un poderoso mata a alguien, se le paga al tanatólogo, se soborna a los funcionarios, el teléfono funciona llamando a decenas de amigos, y el poderoso zafa a su hijo. El poderoso estafa a miles de chilenos y luego de mil triquiñuelas legales termina con clases de ética. El poderoso evade miles de millones de pesos y el Estado le condona la deuda. Un poderoso es capaz de movilizar a toda la policía para encontrar los bienes robados desde su casa en pocas horas. El poderoso consigue que el propio presidente de la República se movilice al lugar donde fue agredido.
El resto del país va a la cárcel por una gallina, el Estado le quita todo por unas facturas de veinte lucas mal emitidas, es inimaginable carabineros entrando a golpear a un colegio privado o a matar a un condominio por un robo de autos.
Esta desigualdad, esta injusticia, nos tiene frustrados, amargados y tensos.
No es cierto que la ley es una para todos, las mejores oficinas de abogados se compran, los lobbistas se compran, las influencias se compran mientras el resto enfrentamos desnudos al elefante en tribunales. Es equivalente a decir que porque es la misma pelota de fútbol y la misma cancha hay igualdad, cuando el estadio es del otro equipo, pueden comprar a Neymar y tienen comprado al árbitro.
Catrillán fue asesinado porque es pobre, mapuche y estaba hastiado del abuso. Era un elemento de desorden en la taza de leche que el Estado de Chile ordena que debe ser nuestro país. Los extranjeros no saben que este país es “el más estable de América Latina” producto de la profunda represión a todo nivel en que viven sus habitantes. “Por la razón o la fuerza” no es un lema para amedrentar a nuestros vecinos limítrofes, está dirigido a nosotros, los ciudadanos. Súmenlo al otro lema más conocido y obtendrán que Chile es “Orden y Patria, por la razón o la fuerza”. Instalado por una clase gobernante que Entiende que el fin último no es el bien común de sus hijos, sino la estabilidad social para el comercio y la producción, a toda costa. De este modo no entiende la ebullición social como un síntoma que hay que atender, sino un problema que hay que APLASTAR. Ese es el raciocinio detrás de Santa María de Iquique, La Coruña, Plaza Colón, Ranquil, Forrahue, Punta Arenas; también de Quintero Puchuncaví y ahora lo ocurrido con Catrillanca. No es el ciudadano, el ser humano, el respeto mutuo o el bien común lo central en este país, sino la estabilidad policial militarizada para asegurar el comercio y la producción del poderoso.
Todos estaríamos más tranquilo si se declarara lo evidente, somos ciudadanos de tercera clase, formas a contrata de la esclavitud y la explotación, además de socios con una pistola en la nuca, a través de la AFP de las empresas con las que solo ELLOS se hacen millonarios.
Catrillanca es la expresión extrema de lo que vivimos como sociedad: el abuso y la desigualdad, la injusticia de un modelo que le da MÁS a los que tienen más y MENOS a los que tienen menos en salud, educación y previsión, también en seguridad y justicia. Algo así es intolerable, un modelo que ofrece bienestar para unos pocos y miseria o angustia permanente para la mayoría es una olla a presión que no necesariamente explota en las calles, explota al interior de las casas, en alcoholismo, drogadicción, alta incidencia de depresión y altísimas tasas de suicidio, frustración, violencia porque se acusa solo al pobre de su fracaso, se le insiste a la gente que la culpa es de ellos por haber sido incapaces de volverse millonarios, a tal punto que terminan creyéndolo, culpándose, doliéndose, torturándose.
Las sociedades modernas se construyeron para que todos fueran felices, no solo algunos. Y es nuestro DEBER buscar un modelo, una y otra vez, que intente ese objetivo hasta conseguirlo. Uno donde sea el ser humano quien esté al centro de las preocupaciones a todo evento. Un país donde se cierre la chimenea que emite tóxicos, NO LA ESCUELA que los padece!!!!
Un país justo, de hermanos, no esta mierda donde un hijo de mapuche es adoctrinado, entrenado y protegido para que mate a sus propios hermanos en defensa del dinero de otros.”.
Del Muro de Jorge Baradit.
Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg para Rodrigo Mundaca.
Rodrigo Mundaca galardonado con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg
Ir a artículo fuente...
El
Desconcierto
La ciudad alemana entrega el galardón cada dos años a personas u organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos con riesgo de su propia vida y contribuyen a la paz y a la comprensión intercultural. En el caso de Mundaca, destacan su lucha al interior de Modatima, pese al “permanente hostigamiento, amenazas y persecución” que ha enfrentado.
El
vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección
del Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo
Mundaca, fue
reconocido este lunes con el Premio
Internacional de los Derechos Humanos de la ciudad de Núremberg
(al sur de Alemania), debido a su lucha en defensa del acceso al agua
potable en Petorca.
El
ingeniero agrónomo de 57 años recibirá el galardón en septiembre
del próximo año, y en un documento, el jurado destacó su trabajo
dentro de Modatima.
“La región de Petorca, de donde Mundaca es originario, está
marcada por los numerosos conflictos entre empresas agrícolas,
destinadas principalmente a la exportación de aguacates y cítricos,
y pequeños agricultores locales”
La
organización a cargo del premio señala que en Chile el 90% del
derecho al agua está gestionado por el sector privado, y que las
empresas que lo explotan la canalizan principalmente hacia el cultivo
de paltas. Además, que las agrupaciones que luchan en su defensa han
sido criminalizadas por el Estado, como es el mismo caso de Mundaca,
quien ha tenido
que presentarse ante la justicia en 24 ocasiones entre 2012 y
2014, lo
que calificaron como un “permanente
hostigamiento, amenazas y persecución”.
Una
de las situaciones más graves que Mundaca ha enfrentado fue en 2015,
cuando fue atacado en plena calle en el centro de Santiago, lo que no
fue investigado por la policía entonces, y las amenazas de muerte
que ha recibido luego de un reportaje de 2017 publicado en Dinamarca
sobre las consecuencias del cultivo de paltas. Actualmente, sólo tras
una campaña impulsada por Amnistía Internacional, se encuentra
bajo permanente protección policial.
Desde
1995 la ciudad de Núremberg concede cada dos años el Premio
Internacional de Derechos Humanos a personas u organizaciones que
promueven y defienden los derechos humanos con riesgo de su propia
vida y contribuyen a la paz y a la comprensión intercultural, y
contempla la entrega de 15 mil euros (17.250 dólares).
La
iniciativa surgió como una respuesta a las “leyes
de la raza” nazis
promulgadas allí en 1935, y para sus impulsores, se trata de “un
símbolo de que de Núremberg nunca más deben partir otras señales
que de paz, reconciliación, entendimiento y respeto de los derechos
humanos”.
En
esta versión, la organización señaló que el propósito es
contribuir, con el galardón, a que se dé a Mundaca la protección
necesaria para que pueda proseguir con su trabajo y lucha.
Hasta
el momento, otros activistas que también han sido reconocidos con el
galardón son el periodista colombiano Hollman Morris en 2011, y
el obispo mexicano Samuel Ruiz García en 2001.
1982: Cúpula estatal de la dictadura invitada a dar "cátedra" en Universidad de Valparaíso.
1982. Escuela de Derecho de la
Universidad de Valparaíso.
Jornadas, convocando
a lo más granado de los agentes de la dictadura en el aparato del
Estado.
Actividad organizada por Lautaro Ríos Álvarez.
Actividad organizada por Lautaro Ríos Álvarez.
Control de detención y presiones a los jueces. Por Álvaro Flores Monardes.
Álvaro Flores Monardes,
Presidente de la Asociación Nacional de
Magistrados de Chile.
¿Qué harán los jueces de Corte que revisen la
decisión del Juez de San Antonio, notificados como están por el Ejecutivo -que
decide sobre sus carreras en futuros nombramientos- que aquél actuó fuera del
“sentido común” generando aversión de las autoridades encargadas de la
seguridad pública?
¿Estarán dispuestos a instrumentalizar el caso en
favor de sus propias expectativas de carrera, soslayando el mandato
constitucional de prescindir de todo interés diverso al de aplicar la ley al
caso concreto?
Cuando sostenidamente hemos criticado el sistema de
nombramientos existente en Chile como un pésimo sistema, por afectar la
independencia de los jueces, hemos sentido cierta orfandad de un caso
explicativo y de connotación pública, que permitiere comprender la vinculación
existente entre la función judicial, como una garantía de derechos de las
personas, la relevancia de la independencia que debe ser condición esencial
para su ejercicio y la forma que ésta es afectada por las autoridades políticas
y judiciales.
Pues bien, el caso del control de legalidad de la
detención iniciado en San Antonio, permite explicar el grave problema de la
afectación externa de la independencia judicial. No es el único, pero puede
aplicarse este análisis a cualquier otro que refleje, por ejemplo, algún
interés especial del Ejecutivo en relación con la agenda de seguridad pública y
que presione a los jueces, en cualquier forma y sentido, hacia el abandono de su
posición como terceros imparciales, para subordinarlos a otro objetivo,
como “agentes” de la persecución penal por ejemplo.
Hace algunos años, otra presión indebida sobre la
independencia de los jueces tuvo su expresión en una amenaza explícita. El
episodio nos recuerda que la independencia judicial está permanentemente bajo
amenaza.
Teodoro Ribera, Ministro de Justicia de la época,
expresaba sin rodeos que, para decidir nombramientos de los Jueces de Garantía,
se iba a vigilar con celo la forma en que se comportaran en la concesión de las
prisiones preventivas, en una inequívoca amenaza en orden a no promover en la
carrera a quienes –a juicio de la autoridad política- no se ajustaran a sus
requerimientos de “dureza” para denegar las solicitudes de libertad. El
Ministro empujaba a los jueces a abandonar su posición de terceros imparciales
y “sumarse” a la agenda de seguridad pública del gobierno, bajo amenaza de
sanción.
El mensaje era clarísimo. El juez estaba notificado
por la prensa que, sin perjuicio de lo que su criterio jurídico profesional
estimare sobre la procedencia de reconocer el derecho que dimana de la
presunción de inocencia en el análisis de cada caso, sus posibilidades de
nombramiento o ascenso quedaban hipotecadas si decidía homenajear su forma de
comprender la ley y su recta comprensión del caso, desatendiendo la advertencia
del poder político.
El incentivo era tan claro como espurio: si Ud.
juez quiere ascender, ajústese a lo que el poder de turno piensa sobre cómo
resolver. Es decir, abandone su convicción y la aplicación independiente del
derecho e instrumentalice el caso en pos de sus intereses de carrera. La
sumisión a esta directriz –la lectura inversa era evidente- sería recompensada.
Y sumisión e independencia no se encuentran jamás.
Se trataba de una prueba de fuego para la dimensión
subjetiva de la independencia de cada juzgador, un desafío a su carácter, a esa
parte de la ética de la función que descansa en las virtudes personales de cada
juez para el desempeño de su labor, al margen incluso de las amenazas
institucionales.
Es indispensable recordar que el poder judicial en
su esencia es la función pública que se expresa a través de los jueces de la
forma en que mandan las leyes. Si el juez deja de hacer lo correcto, es decir,
deja de resolver el caso concreto únicamente de acuerdo a su mérito y conforme
la ley aplicable, la noción de un tercero imparcial desaparece y la democracia
pierde una garantía esencial indispensable para que los derechos de las
personas tengan vigencia. Una labor que debe cumplir incluso al margen de lo
que es percibido o presentado como el “sentir” de la mayoría.
El episodio del Ministro Ribera resuena por estos
días, con las mismas sombras.
El control de la legalidad de una detención es uno
de los tantos mecanismos que traducen en el proceso las reglas de la
democracia, aquellas que aseguran nuestras libertades. Se trata
fundamentalmente de una norma propia de un Estado de Derecho. Un control
indispensable del poder que despliegan los agentes policiales, no sólo cuando
se enfrentan a los delincuentes (el imaginario reduccionista de estos días,
gatillado por las graves noticias sobre delitos, parece solo reparar en esa
dimensión de la labor), sino en las miles y miles de interacciones que se desarrollan
a diario entre todas las personas y –principalmente- Carabineros.
Así, lo vivido en estos días con ocasión de uno de
esos controles, en que se critica reiteradamente a un juez por el cumplimiento
de una regla del proceso penal (en una resolución que no sólo se ajusta a la
norma, sino que a la línea jurisprudencial regular y reiterada de la Corte
Suprema), reitera el escenario de afectación a la independencia judicial e
impone una lectura en la misma clave del episodio gatillado por el Ministro Ribera
hace algunos años.
Un escenario en que el Ejecutivo abusa de su
posición dominante y ejerce una presión indebida sobre un juez en particular y
sobre todos al mismo tiempo, pues la retórica de la crítica escala
vertiginosamente, va y vuelve desde la objeción contra el juez singular, hasta
la denostación de la magistratura completa.
Se deslegitima así severamente un mecanismo capital
de protección de las libertades, la justicia de garantía y la dignidad de la
función judicial, mientras ´-de paso- se desvía la mirada, sacándola
convenientemente desde el enjuiciamiento de la responsabilidad que recae sobre
la autoridad a cargo de la seguridad, en la evaluación de la eficacia de las
políticas públicas de prevención y control de la delincuencia.
En esa operación, se activa deliberadamente un
dispositivo de presión sobre los jueces con el objetivo de sacarlos de su labor
esencial, amenazando su carrera y generando además, un severo desequilibrio en
el propio proceso penal, pues quien critica y advierte, asume el papel de
interviniente en la causa y genera una asimetría entre las partes, sumando a la
presión sobre los jueces, una redefinición provocada del proceso específico, en
que se sitúa a la defensa en posición manifiestamente desmedrada.
De allí la pertinencia que tiene formular las
preguntas que encabezan esta columna, y esperar que en la decisión que
corresponda ejercer en derecho al momento de la revisión de la resolución,
prime la independencia en el ejercicio de la función por sobre la fuerte
presión a la cual los jueces se han visto expuestos en estos días.
Por ello además cabe afirmar con determinación -en
tiempos en que se anuncian cambios al sistema de nombramiento de los jueces,
notarios y otras autoridades del orden judicial- que ninguna reforma podrá
estimarse seria y completa, si no excluye del proceso a los agentes que afectan
la independencia: el Poder Ejecutivo y el propio Poder Judicial.
Tal vez sea hora de abrir los manuales, sin dejar
de analizar nuestras particularidades institucionales y mirar las soluciones
que han dado otras democracias a la difícil pregunta sobre cómo garantizar la
independencia de los jueces, presupuesto fundamental de la vigencia de las
libertades que sustentan el régimen democrático.
Publicado en el diario “El Mostrador”, el 13
de junio de 2018.
RIVACOBA: “Balance del segundo centenario de la obra de Beccaria (1764-1969)”.
MANUEL
DE RIVACOBA, “Balance
del segundo centenario de la obra de Beccaria (1764-1969).
Incluido
en el volumen Doctrinas
Esenciales
(1936-2010).
Edición
dirigida por Edgardo Alberto Donna, Editorial La ley, Buenos Aires,
2010, págs. 369 a 379.
RIVACOBA: "Crisis de los sistemas penitenciarios".
Una
especial contribución a un libro de homenaje.
MANUEL DE RIVACOBA, “Crisis de los sistemas penitenciarios”. En el libro
Homenaje al
profesor Doctor Jorge Frías Caballero,
La Plata, Colegio de Abogados, 1998, págs. 293-298.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)